TEGUCIGALPA (AP) — El gobierno de Honduras decretó el estado de emergencia en seguridad luego de un repunte de las extorsiones por parte de bandas criminales en sectores como el transporte y la micro, pequeña y mediana empresa.
Desde hace años las pandillas cobran a los transportistas y negocios un monto mensual para dejarlos trabajar en paz. A quienes se rehúsan les quitan la vida o queman sus vehículos o establecimientos.
“Ya no soportamos las muertes de trabajadores y estar pagándoles a los extorsionadores, esperamos que la medida funcione y se mantenga”, dijo el viernes a The Associated Press el dirigente del transporte público Jorge Lanza luego del anuncio del gobierno.
“Nosotros desde hace años venimos solicitando que nos ayuden para frenar la extorsión y lo más importante es detener el crimen de las personas que trabajan en el transporte y dejar de pagarles a los delincuentes el dinero que tanto nos cuesta”, sostuvo.
Lanza detalló que en 15 años más de 2.500 operadores del transporte han sido asesinados. Sólo ese sector paga a los extorsionadores más de 250 millones de lempiras mensuales, unos 10,1 millones de dólares.
“Este gobierno del socialismo democrático le declara la guerra a la extorsión, así como desde el primer día le declaramos la guerra a la corrupción, a la impunidad y al narcotráfico. Vamos a erradicar la extorsión hasta en el último rincón de nuestra patria”, expresó en conferencia de prensa el jueves la presidenta Xiomara Castro.
La mandataria indicó que esta medida permite que la Policía Nacional “proceda a proponer los estados de excepción y suspensión de garantías constitucionales parciales en los sectores donde se amerite”.
Por su parte, el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, detalló en rueda de prensa que la estrategia integral contra el delito de la extorsión tiene un componente de prevención para que los jóvenes no se involucren en el consumo de drogas y en grupos de pandillas, así como un componente operativo de rescate.
“El alcance del plan es abordar de manera integral la problemática de la extorsión involucrando no sólo a la policía, sino a diferentes instituciones y operadores de justicia”, apuntó.
Las principales pandillas que mantienen a los hondureños en zozobra son la Mara Salvatrucha y Barrio 18, que además del sicariato y el narcotráfico se dedican a la extorsión, delito al que ahora se han sumado otras bandas criminales.
Los transportistas y dueños de negocios aseguran que tienen que hacer hasta siete pagos mensuales a distintos grupos criminales.
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