La Alta Corte de Belfast dictaminó el miércoles que el denominado "protocolo de Irlanda del Norte", negociado en el marco del Brexit, es legal, contradiciendo a los unionistas que habían impugnado sus disposiciones ante la justicia de esta región británica.
Varios políticos unionistas, entre ellos los ex primeros ministros norirlandeses Arlene Foster y David Trimble, habían cuestionado la legalidad de este régimen especial que mantiene a Irlanda del Norte dentro del mercado único europeo y la unión aduanera.
En una vista celebrada en mayo, su abogado, John Larkin, argumentó que el protocolo era ilegal porque violaba las Actas de Unión que crearon el Reino Unido en 1800 y la Ley de Irlanda del Norte, que promulgó el acuerdo de paz del Viernes Santo de 1998.
Este puso fin a tres décadas de un sangriento conflicto entre republicanos católicos y unionistas protestantes, en el que también participó el ejército británico y que dejó unos 3.500 muertos.
Según Larkin, la legislación británica establece que "Irlanda del Norte en su totalidad siga siendo parte del Reino Unido" a menos que una mayoría de personas decida lo contrario en un referéndum.
Pero un juez de la Alta Corte rechazó estos argumentos, afirmando que el acuerdo de Brexit aprobado en 2020, aunque entra en conflicto con las Actas de la Unión de 1800, prima sobre una ley que data de hace 200 años.
En una intervención ante el Parlamento el miércoles, el primer ministro británico, Boris Johnson, aseguró que "nada afectará a la posición de Irlanda del Norte dentro del Reino Unido".
En vigor desde el 1 de enero y negociado como parte del acuerdo del Brexit, el protocolo de Irlanda del Norte incluye normas aduaneras muy impopulares entre los unionistas, apegados a la pertenencia a la corona británica de esta región de 1,9 millones de habitantes.
Sus disposiciones mantienen las reglas comerciales de la UE en Irlanda del Norte e imponen controles aduaneros y limitaciones a las mercancías que llegan allí procedentes del resto del Reino Unido.
Las restricciones específicas sobre la carne refrigerada han provocado tensiones entre Londres y Bruselas, bautizadas como "guerra de salchichas" por la prensa británica.
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