La Audiencia Nacional española comenzó este martes el juicio contra tres hombres sospechosos de haber apoyado a la célula yihadista que cometió en 2017 un doble atentado con 16 víctimas mortales en Barcelona y otra ciudad catalana.
Celebrado en la sede judicial de este alto tribunal en San Fernando de Henares, en las afueras de Madrid, el juicio arrancó alrededor de las 10H15 (9H15 GMT) en medio de un fuerte dispositivo policial para garantizar la seguridad del proceso que debe prolongarse hasta el 16 de diciembre.
Los ataques del 17 y 18 de agosto, reivindicados por el grupo Estado Islámico, tuvieron como escenarios la popular avenida de las Ramblas, en pleno centro de Barcelona, donde una furgoneta arrolló a toda velocidad a decenas de personas, y el paseo marítimo de Cambrils, 100 km al suroeste.
Todos sus autores fallecieron por disparos de la policía, entre ellos Younes Abouyaaqoub, un marroquí de 22 años que conducía la furgoneta en el famoso paseo de Barcelona y que provocó la muerte de 14 personas, en su mayoría turistas, y dejó más de cien heridos.
En el banco de los acusados, en una cabina protegida por un grueso vidrio, se sentaron dos presuntos miembros de la célula yihadista y un presunto colaborador.
El proceso comenzó con la declaración del principal acusado, Mohamed Houli Chemlal, un joven de 23 años acusado de pertinencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos, delitos por los que la fiscalía solicita 41 años de cárcel.
El joven, que compareció con un chándal gris y azul, sobrevivió a la explosión de la casa que la célula utilizaba como base para fabricar las bombas con las que pretendían cometer varios atentados simultáneos. Esa detonación fortuita provocó el cambio de planes y la improvisación del atropello masivo.
Por los mismos delitos, con una solicitud de 36 años de la fiscalía, está acusado Driss Oukabir, de 31 años y hermano de uno de los atacantes fallecidos, que alquiló la furgoneta utilizada en el ataque de las Ramblas.
Por último, Said Ben Iazza, de 27 años, se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel por prestar su vehículo y documentación a la célula.
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