Piden liberar a Belén, la joven presa en Tucumán por un aborto espontáneo

El 21 de marzo de 2014 llegó a la guardia del hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán con una hemorragia vaginal intensa. Su madre la contenía en el paso porque le era imposible sostenerse sola. Las contracciones abdominales eran cada vez más fuertes, profundas, insoportables. El sangrado seguía su curso como una pesadilla eterna. Belén tenía 25 años y la cara desfigurada por los dolores. Claramente, el diagnóstico difería de un ciclo menstrual normal. Cursaba la semana 20 de un embarazo del que –insiste- no tenía idea. Belén estaba sufriendo un aborto espontáneo, perdiendo el hijo que ese mismo día se enteró que existía.

Aquella secuencia hoy la recuerda desde una celda de 2x2 en la que fue encerrada para resarcir su pecado. Hace exactamente dos años que la justicia tucumana la puso en prisión en busca de su redención. Lo peor es que deberá acostumbrarse, familiarizarse con la idea. Hace nueve días –precisamente el 19 de abril- los integrantes de la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán (Dante Ibáñez, Néstor Macoritto y Fabián Fradejas) la condenaron a ocho años de cárcel por "homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía". Ella –repite- desconocía su embarazo.

Aislada de la sociedad por "asesina", se recluye en su celda con una palidez infinita. Recuerda con angustia el interrogatorio acusatorio de la enfermera Verónica Ledesma, del área de Ginecología del Hospital Avellaneda. Esa mujer –cuenta- la miraba con desprecio, repugnancia, odio. "Me preguntó si me puse algo porque no era normal el sangrado", declaró Belén ante los jueces a los que nunca logró convencer con su relato, ni en el hospital, ni en la cárcel. Ni antes ni ahora. Seguidamente, el médico le notificó su diagnóstico: "Aborto espontáneo". Le recetó analgésico para paliar las contracciones y decidió que quedara internada por cinco días.

La madre de Belén fue quien –entre lágrimas- reveló ante el tribunal algo espantoso, inimaginable dentro de un establecimiento médico donde la discreción, reserva profesional y cuidados al paciente deberían ser inviolables. Según su testimonio, cuando Belén se despertó aquel día en la Sala de Partos comunitaria tenía médicos forenses "revisándole abajo" frente a policías que rodeaban su camilla y un enfermero que le mostraba el feto en una cajita y que –mientras la insultaba frente a todos- le dijo: "Mirá, este es tu hijo". "Yo le decía que eso no era mío", agregó la joven tras precisar que el hombre decía que lo había encontrado en el baño.

Esa escena –contaba por Belén- tampoco convenció al tribunal de la Sala III para abrir una investigación contra el personal médico del Hospital Avellaneda de Tucumán, pese a que son consideradas "formas de tortura y tratos degradantes" por los tratados de derecho internacional. Este mediodía, diferentes organizaciones y movimientos de derechos de la mujer se concentrarán frente a la casa de la provincia de Tucumán (sobre Suipacha 140) con la consigna #LibertadParaBelén para repudiar el supuesto maltrato a la joven en el centro de salud y exigir su inmediata libertad. "Por la liberación de Belén hasta que haya una condena firme. Exigimos la despenalización y legalización del derecho al aborto en nuestro país", sostiene la consigna. En Argentina, se calcula que entre 460 y 600 mil mujeres recurren cada año al aborto clandestino. Y que de ese total, muere un porcentaje muy alto.

"Belén fue privada de su derecho a la salud, torturada y encarcelada. La justicia tucumana la condenó a ocho años de prisión acusada de abortar bajo la carátula "homicidio doblemente agravado por alevosía y por el vínculo, aunque nada de eso haya sido demostrado. Hoy exigimos la inmediata excarcelación y anulación de dicho proceso", expresa el comunicado difundido en Facebook por la Campaña Nacional por el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

La ONG fue aún más adelante contra la justicia tucumana. "Como cualquier paciente, toda mujer que llega con un aborto en curso o que tiene un aborto, sea provocado o espontáneo, está protegida por la confidencialidad de la relación profesional de la salud-paciente. Sin embargo en el caso de Belén algunos profesionales de la salud decidieron usar esa relación para violentarla y denunciarla a la policía. Médicos la interrogaron como si fueran jueces, enfermeras le acercaron en una caja el feto y personal de policía la insultó y degradó revisando sus partes íntimas", acusaron. El comunicado fue compartido en las redes sociales por casi 2 mil usuarios. Desde #NiUnaMenos y la Oficina de la Mujer también se sumaron al reclamo y desnudaron su indignación ante el polémico fallo.

Amnistía Internacional Argentina le adelantó a Infobae que tomarán una acción urgente, que es una estrategia de solidaridad por la cual miles de personas de todo el mundo se suman para exigir el respeto de los derechos humanos. En el caso de Belén, interpelarán a la justicia de Tucumán para que "se garantice de manera inmediata la libertad de Belén y el cese de su prisión preventiva, protegiendo su integridad física y mental"; "que se investigue el accionar de los profesionales de la salud que incumplieron su deber de confidencialidad médico-paciente y se establezcan las responsabilidades del caso"; y que "se garantice a las mujeres y las niñas un acceso seguro y legal a los servicios de aborto necesarios para proteger su vida o su salud, o si el embarazo es consecuencia de una violación".

Mariela Belski, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, sostuvo en Infobae que "el caso de Belén demuestra cómo el Estado, a través de los servicios de salud y operadores judiciales, reproduce conductas de maltrato e humillación en entornos institucionales, viola su deber de prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y la tortura y otros crueles, inhumanos y degradantes". Y de manera directa, acusó: "Es urgente proteger la vida de millones de mujeres y niñas en Argentina y en toda la región. Ellas están a merced de sistemas de salud que pone los estereotipos de género y las opiniones personales de los profesionales de la salud o los funcionarios de turno por encima del bienestar".