Cuando faltaban 5 minutos para las 10 de la mañana, el ex funcionario kirchnerista Ricardo Echegaray llegó al 4° piso de los tribunales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria en la causa por la ruta del dinero "K". Lo hizo junto a sus abogados defensores León Arslanian (ex ministro de Seguridad bonaerense) y Martín Arias Duval (ex director nacional de Migraciones).


El titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) fue convocado a ejercer su defensa porque está acusado de haber facilitado desde su lugar en la AFIP una gran operatoria de lavado de dinero, que tiene como principal acusado al empresario Lázaro Báez.


Quien lleva adelante la causa y le toma declaraciones es el juez federal Sebastián Casanello. En diciembre pasado, el jubilado juez Norberto Oyarbide había dictado el sobreseimiento del ex director de la AFIP, pero Casanello lo rechazó.


Según la investigación en curso, la compañía de Báez, Austral Construcciones, utilizaba facturas truchas para evadir impuestos, algo que debía controlar la AFIP bajo la gestión de Echegaray.


Para pedir la citación a indagatoria, el juez indicó que Echegaray y Ángel Rubén Toninelli, ex titular de la Dirección General Impositiva, fueron advertidos de la evasión por inspectores de Bahía Blanca. Sin embargo, los otrora jefes del fisco decidieron no solo no tomarlas en cuenta, sino que también disolvieron la regional de la AFIP-DGI de esa ciudad y desplazaron a quienes la integraban.


El asesor financiero Leonardo Fariña alimentó esa hipótesis cuando declaró semanas atrás en la causa, en la que señaló que las maniobras de lavado de Báez "necesitaron la complicidad" de la AFIP. "Podés tener una facturación apócrifa o una irregularidad fiscal siempre y cuando no te controlen", afirmó.


En medio de las acusaciones judiciales, sectores del oficialismo encabezados por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió lanzaron una ofensiva contra Echegaray para desplazarlo de la presidencia de la AGN.


"Nunca debió ser designado presidente de la AGN, porque controla la transparencia de un gobierno. Poner a un ladrón, coimero y extorsionador para controlar la transparencia del Gobierno es un suicidio político y un ataque al sistema republicano", fustigó Carrió sobre el ex titular de la AFIP.