Romina Picolotti pidió autorización para trabajar en EEUU un año más

El fiscal Diego Luciani se opuso al planteo porque demoraría el inicio del proceso en su contra NA 162
El fiscal Diego Luciani se opuso al planteo porque demoraría el inicio del proceso en su contra NA 162

La ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Romina Picolotti, procesada y enviada a juicio oral y público por hechos de corrupción, le solicitó a la justicia extender por un año más el permiso para trabajar en los Estados Unidos. El fiscal Diego Luciani dictaminó por rechazar el planteo porque podría demorar el inicio del proceso contra la ex funcionaria y ahora deberá resolver el Tribunal Oral Federal 6, informaron a Infobae fuentes judiciales.


Picolotti vive en Miami desde el año pasado, donde trabaja, y mientras espera que se fije fecha para el juicio en su contra por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública.


La jueza María Servini de Cubría envió en agosto del año pasado a Picolotti –quien fue funcionaria de 2006 a 2008 durante la primera presidencia de Cristina Kirchner– a juicio oral porque utilizó fondos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para gastos personales, como regalos de lujo y vuelos en aviones privados. Por ejemplo, pagó 260 pasajes en avión para ella o familiares que no fueron justificados por su función.


El gasto más excéntrico y peculiar fueron los 77,5 pesos en el local 'Hooters', "conocido por ser atendido por señoritas de medidas generosas y sueltas de ropa", describió Servini de Cubría cuando procesó a Picolotti. "Este comprobante posee escrito en su parte superior 'Muchas Gracias!!!!' con signos de exclamación, a modo de cómplice agradecimiento por parte de quien concurrió al local e hizo los consumos con dinero público", señaló la magistrada.


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Picolotti fue autorizada a residir en Miami hasta el 10 de junio de este año para trabajar en el Institute for Governance and Sustainable Development. La ex funcionaria presentó un contrato laboral y fijó domicilio en la zona de Palm Beach en 1055 Vintner Blvd, PGB, Florida. Para no cercenar el derecho laboral, los jueces José Martínez Sobrino, María Roqueta y Julio Panelo autorizaron a Picolotti y ordenaron que todos los meses deba presentarse en el Consulado argentino en Miami, comparecer ante el tribunal cuando sea convocada y pagar una caución de 10 mil pesos.


Ahora la defensa de Picolotti pidió una extensión de ese permiso hasta el 17 de junio de 2017 ya que le ofrecieron continuar el contrato laboral hasta el 31 de enero del 2018.


El fiscal Luciani, que se había opuesto a la primera autorización, reiteró su postura en contra y le solicitó al tribunal que "con la mayor premura posible" se avance en el juicio y se fije la fecha de juicio.


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El fiscal dictaminó por rechazar el planteo por "la necesidad de que la imputada se encuentre en el país en aras de asegurar el normal desarrollo del proceso". "Es que no se advierte de qué manera se podrán llevar a cabo tales actos procesales si la nombrada reside en el exterior o, peor aún, si se encuentra en cualquier otro país no localizable. Al respecto debo advertir que ni el Tribunal ni el Ministerio Público tienen manera de ejercer un control efectivo sobre los viajes que realiza la imputada fuera de los Estados Unidos", agregó.


Luciani considera que si el contrato es hasta 2018 volvería a pedir una nueva prórroga de la autorización

Picolotti pidió autorización dos veces para viajar fuera de Estados Unidos y el fiscal solicitó que el Consulado de Estados Unidos envíe copia certificada del pasaporte de Picolotti para saber si hizo otros viajes. Además, Luciani señaló que si el contrato es hasta 2018 es lógico que luego vuelva a pedir una nueva prórroga de la autorización.


El fiscal destacó que Argentina firmó distintos compromisos internacionales para combatir y juzgar los casos de corrupción.


"La circunstancia de que la procesada Picolotti resida fuera del país durante por lo menos un año más, torna verdaderamente ilusoria la posibilidad de que el juicio oral y público se desarrolle en el corto plazo, situación que este representante del Ministerio Público Fiscal no está dispuesto a aceptar y por eso voy a solicitar que se rechace la nueva solicitud", concluyó Luciani.