El jefe de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, cuestionó a la diputada Elisa Carrió, quien presentó un proyecto para que dirigentes gremiales presenten su declaración patrimonial, al reprochar que la legisladora "hace 20 años que viene cobrando del Estado y no hizo nada", por lo que se preguntó: ¿Qué es, la fiscal de la República?".
"Me pregunto qué hizo, ¿presentó algún proyecto? Veinte años hace que la venimos aguantando, soportando y bancándola todos los meses. Todos los meses le venimos pagando el sueldo a ella y a todo el séquito que ella maneja", remató el dirigente camionero.
En declaraciones a Radio Mitre, el también presidente del club Independiente cuestionó por qué la líder de la Coalición Cívica "se queja de los demás" si "hace 20 años que le venimos pagando el sueldo y no ha hecho absolutamente nada".
Consultado sobre los distintos casos de corrupción que denunció la diputada, respondió: "Me parece bien, me parece perfecto... ¿Pero quién es, la fiscal de la República?". "Carrió hace 20 años que la venimos manteniendo y 20 años que viene cobrando del Gobierno, del Estado, que lo pagamos todos", insistió.
La respuesta de "los lilitos" no tardó en llegar. El presidente de la Coalición Cívica ARI porteña, Maximiliano Ferraro, defendió a Carrió de las críticas del jefe de la CGT: "Hace más de veinte años que Lilita desenmascara la corrupción de tipos como Moyano".
"Lo único que pidió Lilita es que tanto los sindicalistas como los titulares de las Cámaras Empresarias hagan públicas sus declaraciones juradas", añadió el diputado Ferraro respecto del proyecto que generó el enojo de Moyano.
Ayer, tras el multitudinario acto que realizaron las centrales gremiales en la previa del Día del Trabajador, Carrió presentó un proyecto de ley para obligar a "autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales, empresariales y obras sociales" a presentar declaraciones juradas en los términos de la ley de Ética Pública.
La iniciativa de la diputada aliada del Gobierno establece que las entidades deban "presentar declaraciones juradas por los cinco periodos fiscales anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley" y que las personas mencionadas sean pasibles de ser alcanzadas por el mismo tipo de delitos que los funcionarios públicos, en especial el delito de enriquecimiento ilícito.