El gobierno nacional derogó el Plan a href="https://www.infobae.com/" rel="noopener noreferrer" Qunita/a destinado a embarazadas y lanzado el año pasado
durante la gestión de Cristina Kirchner por el que están procesados el ex jefe de Gabinete a href="https://www.infobae.com/" rel="noopener noreferrer" Aníbal Fernández/a y los ex ministros de Salud a href="URL_AGRUPADOR_162/juan-manzur-a3745" rel="noopener noreferrer" Juan Manzur/a y Daniel Gollán por presunto "direccionamiento"
de la licitación e "importantes sobreprecios".
La Resolución 454 del Ministerio de Salud fue comunicada este jueves en el Boletín Oficial con fecha del 8 de abril pasado y como argumento principal señala los riesgos y la peligrosidad de algunos elementos que se entregaban en el plan, cuyo nombre oficial era "Programa Nacional de Acompañamiento de la Madre y el Recién Nacido".
La norma cita un informe de Alejandro Jenik, solicitado por la Subsecretaría de Salud Comunitaria, Maternidad e Infancia, en el que estableció que las bolsas de dormir de las cunas son "muy
riesgosas dado que el bebé puede patinar hacia adentro y cubrir su cara y cabeza con riesgos de accidentes, sofocación mecánica, estrés térmico, re inhalación de CO2, etc.".
La resolución argumentó: "Los antecedentes citados precedentemente así como la peligrosidad de algunos elementos fundamentales que componen los kits que se entregan a través de dicho programa pondrían en riesgo la salud de los recién nacidos".
Según dio a conocer Infobae días atrás, el juez Claudio Bonadio ordenó embargos de las cuentas de los integrantes de las sociedades involucradas en la licitación y se recuperaron 10 millones de pesos. El magistrado decretó el embargo de todas las cuentas bancarias de las empresas, de los integrantes de las sociedades y también sus cajas de seguridad hasta intentar hallar la cifra que pagó el Estado.
El juez federal procesó a Aníbal Fernández, a Manzur (actual gobernador de Tucumán) y a Gollán por presunto "direccionamiento" de la licitación e "importantes sobreprecios". Los acusó por los supuestos delitos de "fraude", "abuso de autoridad" y "violación de deberes de funcionario público".
El Programa Qunita tenía un costo de 1.100 millones de pesos. Entres seis empresas se repartieron la venta al Estado de los 140.000 kits de asistencia para madres y bebés recién nacidos.
El ex ministro Gollán negó tras su procesamiento que hayan existido irregularidades en la compra de productos, pero admitió que un titular de una cartera desconoce el precio en un proceso de licitación: "Estoy absolutamente convencido de que se cumplieron todos los pasos administrativos correspondientes, por eso lo firmé en su momento. Y en lo personal estoy absolutamente tranquilo, porque sé que no se cometió ninguna irregularidad", expresó un día después de su procesamiento.
Asimismo, cuestionó la actuación del magistrado al asegurar que pidió una pericia contable sobre los precios y cuando la tuvo, la anuló: "Es gravísimo esto desde el punto de vista procesal, me ha
dicho mi abogado, que no haya una pericia de precios".