Apenas algunas horas más tarde del desembarco de la empresa en la Argentina, las autoridades ya habían advertido que se trataba de un servicio ilegal y que en caso de detectar un auto asociado a la compañía, se lo llevarían con una grúa.
Y eso fue lo que sucedió por primera vez este martes, en Avenida Directorio al 500, en el barrio porteño de Caballito. Según trascendió, se detuvo a un Chevrolet Agile y el inspector le consultó al pasajero por qué viajaba en el asiento trasero. Tras esa pregunta, el cliente debió reconocer que había pactado el viaje con el conductor a través de Uber. Así dispusieron que el vehículo fuera trasladado a un depósito y la aplicación de una multa de 77 mil pesos para el conductor.
En tanto, según publicó Clarín, el chofer tampoco contaba con registro profesional, ni seguro para pasajeros, ni con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) que es obligatoria para taxis, remises y micros escolares.
Además, este miércoles la Agencia Gubernamental de Control ya dispuso la clausura de la actividad de la empresa, y se realizarán inspecciones para identificar domicilios vinculados con la popular aplicación, para poner un freno a su funcionamiento. "Al no estar habilitado, no estar dado de alta, ni haber hecho ningún trámite frente a ninguna repartición, estamos tratando de comunicarles que están clausurados. Esta clausura rige sobre el servicio y sobre las oficinas", dijo Juan José Méndez, secretario de Transporte de la Ciudad, en diálogo con Vorterix.
El comienzo de operaciones se anunció sorpresivamente este martes por la mañana y esa misma tarde, con 20.000 choferes registrados, el servicio ya se encontraba funcionando. Doce horas después, la Justicia porteña ordenó suspender el servicio, luego de que el Sindicato de Peones de Taxis de la ciudad de Buenos Aires presentara una medida cautelar.
A través de su cuenta de Twitter, la firma anunció que continúan "operando 'con normalidad', y que aún no recibieron llamados de las autoridades del gobierno porteño sobre la cautelar".
En diálogo con Infobae, Mariano Otero, CEO de la empresa en el país, afirmó que las "multas no corresponden porque los conductores de Uber ofrecen un servicio legal al cual están habilitados". Al mismo tiempo, aseguró que darán asistencia a los conductores que enfrenten este tipo de sanciones: "Si les llevan el auto, se van a contactar con nosotros y los estaremos apoyando".
Para sostener la legalidad de Uber, la compañía apela al artículo 1.280 del Código Civil y Comercial, "que establece que un prestatario y un prestador pueden establecer un contrato de transporte, y estas dos personas son privadas".
Mientras tanto, el gobierno porteño sigue buscando impedir el accionar del servicio a través de controles de tránsito puestos al servicio de la detección de vehículos vinculados a la empresa.