Se trata de una etapa decisiva, pero que plantea varios interrogantes.
La mayoría de las gigantes de la Silicon Valley -entre ellos Google, Apple, Facebook y Amazon, conocidos con el acrónimo GAFA- están regularmente acusados de querer eludir impuestos, mediante transferencias de ingresos de un país a otro y gracias a complejos montajes, en función de los tipos de imposición más beneficiosos.
Google anunció que iba a pagar 130 millones de libras de impuestos atrasados al Reino Unido. A fines de diciembre, fue Apple quien aceptó pagar 318 millones de euros en Italia, para acabar con un litigio que duraba tres años.
En mayo, Amazon anunció que contabilizaría sus ventas a partir de sus ramas nacionales en Reino Unido, Alemania, España, Italia y Francia y ya no más desde Luxemburgo, país con condiciones más favorables, como lo hacía hasta entonces.
Porque crece la presión. En los últimos años, las investigaciones fiscales contra las GAFA se han multiplicado. En Francia se exige a Google 500 millones de euros, y en Italia son 200 millones.
"Hasta ahora no pasaba nada. Los Estados era timoratos. Pero esto está cambiando" afirma Eric Vernier, investigador del Instituto de Relaciones internacionales (IRIS).
A nivel internacional, a iniciativa de la OCDE, los jefes de Estado y de gobierno del G20 adoptaron en noviembre el llamado BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), para impedir que las multinacionales eludieran impuestos mediante sofisticadas estrategias contables.
No de momento. Los acuerdos suscritos en Italia o Reino Unido son compromisos, y no resuelven todos los temas. "Se trata de transacciones, no de sanciones" insiste Vernier. "Aunque las sumas son importantes, estamos aún lejos de lo que los Estados esperaban poder recuperar", añade.
En Reino Unido, por ejemplo, el acuerdo con Google suscitó muchas críticas por ser demasiado suave con la empresa estadounidense. La comisaria europea de la Competencia, Margrethe Vestager, dijo que esos acuerdos tan benignos pueden ser "injustos" e incluso "ilegales".
El resultado de las negociaciones sobre contenciosos pasados es incierto, pero la evolución de las normas internacionales debería impulsar a las multinacionales a limitar en el futuro sus estrategias de evasión fiscal.
"Va a haber cambios en la legislación bastante importantes, que obligarán a las grandes empresas a adaptarse" analiza el fiscalista Laurence Mazevet, del gabinete Fidal.
En tanto, la Comisión Europea lanzó una ofensiva contra la optimización fiscal, que cada año impide a los Estados de la UE percibir decenas de miles de millones de euros.
"Para evitar la imposición fiscal, algunas compañías abusan de los fallos en los 28 sistemas nacionales de la Unión Europea (UE). Según un reciente estudio del Parlamento europeo, los ingresos no obtenidos oscilarían entre 50.000 y 70.000 millones de euros cada año", explicó el comisario europeo de Asuntos económicos, Pierre Moscovici.