Según datos del mapa de género de la Justicia argentina 2014, elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte, en la Argentina, sólo en dos jurisdicciones las mujeres superan a los hombres en la composición de los tribunales superiores, en uno hay paridad y son varias las cámaras integradas únicamente por varones.
En consecuencia, es evidente que la paridad de género en la Justicia argentina está desdibujada, lo que se traduce en una débil perspectiva de género en organismos donde debería garantizarse una mirada diversa, objetiva, amplia y democrática. Por ello, debemos seguir promoviendo que haya más mujeres en la Justicia, en particular en la Corte Suprema.
Ya sea con una composición de cinco o de siete jueces, como proponen algunos sectores, debemos exigir que esos cargos sean ocupados por mujeres. De esta manera, podremos garantizar una Justicia que actúe con pluralidad y perspectiva de género y podremos velar por el respeto de los derechos y la protección de las mujeres.
Además, de ser designados sólo hombres para completar la conformación de la Corte Suprema, se estaría incumpliendo con lo dispuesto por el decreto 222/2003, aprobado durante el Gobierno de Néstor Kirchner, que en el artículo 3.° pide que se considere la diversidad de género en la selección de candidatos. Dicha iniciativa novedosa debe ser valorada, pero también cumplida en los hechos.
Por otro lado, Argentina es pionera en la firma de tratados internacionales, como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que brega por la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad. Desde ya que el sexo no implica perspectiva de género, pero contamos con prestigiosas mujeres en el ámbito judicial, comprometidas y capacitadas para administrar justicia con visión de género.
Un claro ejemplo fue la fallecida jueza Carmen Argibay, reconocida luchadora por los derechos de las mujeres, quien impulsó la creación de la Oficina de la Mujer de la Corte (OM). Desde su formación, en el año 2009, la OM llevó adelante proyectos de ampliación de derechos y, a fuerza de trabajo, logró avances para las mujeres, fuera y dentro del ámbito judicial. De hecho, presentó el Registro de Femicidios de la Justicia Argentina, una de las exigencias del movimiento #Niunamenos, porque hasta el momento ninguna institución del Estado tenía registro de los asesinatos de mujeres en el país.
Sin duda no debemos soslayar que, cuando hablamos de las instituciones democráticas, hablamos también, entre otras cuestiones, del respeto a los derechos humanos, de velar por la igualdad y la no discriminación, por la transparencia y la participación en la toma de decisiones.
Más allá de las discusiones académicas, que apuntan a lo simbólico, a lo cultural o a lo sociológico, para justificar la presencia de mujeres y hombres en forma igualitaria en los puestos o los cargos de decisión, aquí lo fundamental es que se trata de una cuestión de justicia, de equidad social y de fortalecimiento de la democracia.
Debemos colocar en la agenda pública y parlamentaria la perspectiva de género como un objetivo central, transversal y no sesgado.
Sin duda, la presencia y la participación de mujeres en órganos de decisión, como lo es el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, contribuyen no sólo a asegurar la representación de los intereses de las mujeres, sino al equilibrio de la sociedad, al desarrollo pacífico del país y al avance en el respeto, el acceso igualitario y la ampliación de los derechos de mujeres y hombres argentinos. Ese debe ser nuestro compromiso y nuestro desafío como ciudadanos y dirigentes.