La insólita historia del asesino ruso preso en Ezeiza

La llegada de los hermanos Lanatta y de Víctor Schillaci fue un evidente problema para los jefes del penal de Ezeiza. Aislarlos de otros presos en la Unidad I, incluso de cualquier contacto entre ellos mismos, se volvió la mejor estrategia posible. Había dos nombres con peso narco en la Unidad: el juez federal Sergio Torres, a cargo de investigar los supuestos apoyos de traficantes en la bochornosa fuga, pidió que el trío no hable con ninguno de ellos. Uno fue el rosarino Mario Segovia, el proclamado "rey de la efedrina", con una doble sentencia por tráfico de estupefacientes, que negó todo vínculo con los condenados del Triple Crimen. Pero el segundo resultó ser, para los pasillos y los otros del penal de máxima seguridad, una suerte de leyenda viviente.

Yuri Tiberiyevich Kepych, oriundo de Ucrania, fue condenado a cadena perpetua en 2002 por el Tribunal en lo Oral Criminal Nº10. El cargo fue al menos abultado: homicidio icriminis causa/i en ocasión de robo. El 16 de enero, determinó el Tribunal en su fallo, Kepych, con apenas 23 años, ingresó en una peletería de la calle Gurruchaga para apuñalar cinco veces en el pecho con un cuchillo de veinte centímetros de largo a su compatriota Myrko Lang. Fue una agonía lenta: Lang murió en el hospital Italiano a causa de sus heridas diez días después. Sin embargo, la narrativa del crimen no es tan lineal. Hay voces judiciales y carcelarias que hablan de una fuerte influencia de elementos del espionaje ucraniano convertidos en mafiosos, ex miembros de la SBU devenidos en criminales organizados, que Yuri no sería un simple ratero que se robó unos pesos de la caja y mató para tapar el crimen como su calificación lo indica. Que el asesinato sería, básicamente, un pase de factura entre espías venido de la ex Unión Soviética.

Hay versiones más alucinantes que alimentan al mito de Yuri que muchos presos respetan. Información de Inteligencia del SPF citada por La Nación habló de almuerzos carcelarios organizados por Kepych con habitués como "Mameluco" Villalba, Juan Jesús Martínez Espinoza, un mexicano condenado por integrar una organización que producía droga sintética en una casa de country en Ingeniero Maschwitz y el ya célebre Marco Estrada González, capo peruano de la Villa 1-11-14. Se habló también de posibles vínculos con miembros de "Los Monos" en Rosario, por otra parte. Pero en sus años en Ezeiza, Kepych no se dedicó a sentarse y no hacer nada en su celda. El ucraniano fue un poco más inquieto.

Trabajó, como muchos otros presos: su información previsional indica más de un año de aportes jubilatorios al día. También se dedico a leer. Aprendió cómo redactar un hábeas corpus, el recurso elemental de todo preso para defender sus derechos ante la Justicia y no permitir que se agraven sus condiciones de detención. No hace falta el patrocinio de un abogado para el proceso; la sola firma alcanza. Fue precisamente Kepych quien inició el polémico reclamo colectivo de los presos para obtener, mediante un hábeas corpus colectivo, aguinaldo y vacaciones pagas, un pedido que recogió la Defensa Pública Oficial y la Procuración Penitenciaria para causar un fuerte debate. La Cámara Federal de Casación Penal lo aceptó, con el voto de los jueces Slokar, Ledesma y David de cara al principio constitucional de "igual remuneración por igual tarea".

Kepych, al parecer, se convirtió en un experto en Derecho exitoso. Así, se formó su propia economía tumbera. Voces en la penitenciaría aseguran que Kepych le cobraría a otros reclusos 1200 pesos por redactarles sus propios hábeas corpus. Su reclamo gremial fue exitoso en abrir un debate en la sociedad. Sin embargo, para el ucraniano, presentar recursos para defender sus derechos se convirtió en un hábito serial en los tribunales de Lomas de Zamora y otros distritos. Y algunos de sus planteos son de una naturaleza sorprendente.

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En enero de 2012, por ejemplo, logró que la Sala II de la Cámara Federal platense confirmara en un fallo de primera instancia una queja planteada por problemas con dos encomiendas por correo que no le fueron entregadas. Uno de los jueces a cargo habló de "un acto lesivo que implica un agravamiento en las formas y condiciones que se cumple la detención". El Servicio Penitenciario terminó por apelar la medida. En junio de ese mismo año, patrocinado por un defensor público, Kepych llegó hasta la Sala III de la Cámara Federal de Casación en una contienda con el SPF por el menú que le servían al necesitar una dieta especial por haber sufrido una hernia de hiato. Un escrito judicial en aquel proceso lo había retratado como "un interno siempre demandante que obra de mala fe, que se sirve de las deficiencias estructurales, edilicias, económicas, etc. de la administración pública para obtener mezquinas ventajas".

Los ejemplos abundan. Un hábeas corpus particularmente llamativo llegó al Juzgado Federal Nº2 de Lomas de Zamora en septiembre de 2009, cuando denunció que un alcaide mayor del SPF lo amenazó con que, según sus palabras, se tenía que "cortar el pelo", porque "si no lo harás, lo haré yo mismo", de cara a la Cartilla Informativa para el Interno de 1991, que obliga a presos a cortarse la cabellera. Según el juzgado, Kepych no pudo presentar prueba de la amenaza. Sin embargo, increíblemente, el ucraniano ganó: el Tribunal consideró que "lo atinente al largo del cabello de las personas detenidas en el ámbito del SPF es considerado parte de su esfera de autodeterminación y ajeno, en principio, a la injerencia de los responsables del Servicio" y termino por decidir que se le ordene al entonces director del penal de Ezeiza que se abstenga de "obligar a cortarse el pelo" al ucraniano e instruya a todo su personal al respecto. En diciembre del año pasado, Kepych volvió al Juzgado Federal Nº2 de Lomas de Zamora, esta vez por una demora de 27 horas desde que una carta entró al penal hasta que llegó a sus manos.

Para figuras de jerarquía en el SPF, todo este esquema persistente obedecía a un motivo muy simple: que Yuri tendría miedo de que lo maten en la cárcel, de que hacerse sentir en Tribunales era su forma de hacerse ver y no morir.

Sin embargo, de todas sus jugadas legales, la más sorprendente es la que lo mantuvo preso en este país y no en Ucrania: para evitar la extraditación, indican fuentes tanto judiciales como penitenciarias, Kepych adoptó un hijo que no es suyo, sino uno que su pareja tuvo con otro hombre. El ucraniano fue investigado precisamente por narcotráfico, una pesquisa a cargo del juzgado federal de Sergio Torres que buscó determinar una presunta ruta de droga trasnacional desde Bolivia a Buenos Aires y hasta vínculos con traficantes colombianos. No hubo suficiente evidencia para incriminar a Kepych, pero la pesquisa llegó a su pareja, Rosa Luz Torres Sánchez.

En 2013, Rosaluz terminó procesada con prisión preventiva por el juez Torres junto a cinco presuntos cómplices por tráfico de estupefacientes, una cadena completa desde la fuente hasta el fraccionamiento y la venta. La investigación fue iniciada, no casualmente, por la denuncia de un representante de las Fuerzas Especiales de Ucrania sobre una presunta organización de connacionales que vendían narcóticos, con tareas de inteligencia a cargo de la Superintendencia de Drogas Peligrosas. En la lista de procesado por el caso se encontró el hombre quien sería la pareja anterior de Rosa Luz. Yuri, por lo pronto, sabe que en su país lo esperan.