El ministro de Economía a href="https://www.infobae.com/" rel="noopener noreferrer" Axel Kicillof/a estudia presidir a partir del próximo 10 de diciembre la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras durante la última dictadura, tras asumir su banca como diputado en caso de ser electo. Luego de la reciente aprobación en la Cámara baja solo queda el voto de senadores para poner en marcha esta comisión. Con la misma se buscará investigar la connivencia empresaria con la represión ilegal iniciada el 24 de marzo de 1976. El presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, el diputado kirchnerista Héctor Recalde, es el impulsor de esta ley que crea una comisión integrada por cinco diputados y cinco senadores nacionales.
Esta Comisión Bicameral deberá formular propuestas concretas y útiles para forjar la memoria, y también podrá identificar a los cómplices de esos delitos económicos. En los seis meses de trabajo, que se podrán prorrogar, la comisión podrá citar a declarar a académicos, empresarios, cámaras empresariales, asociaciones sindicales, miembros de ONG, de partidos políticos y a toda persona que considere necesario. Además podrá requerir informes a instituciones públicas, privadas y a Estados extranjeros. La documentación recopilada será remitida al Archivo Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que crea la misma ley y estará a disposición de la sociedad. Además deberá formular las denuncias judiciales que correspondan en los casos en que advierta la eventual comisión de delitos, de acuerdo a lo que dicta la norma aprobada en diputados.
El interés de Kicillof, de acuerdo a fuentes del Congreso de la Nación, está dado porque trabaja en el tema desde abril de 2012, cuando se desempeñaba como viceministro de Economía. Junto a los economistas Esteban Kiper y Juan Manuel Vázquez Blanco realizaron un trabajo de investigación sobre los delitos económicos cometidos en la dictadura que iban a ser investigados por una supersecretaría con rango similar al de la Secretaría de Derechos Humanos. En ese estudio que podría ser utilizado por la Comisión Bicameral se indican los casos de muchos empresarios que llegaron también a participar directamente en la violación de derechos humanos. Ese estudio describe que "una parte del empresariado local apoyó y protagonizó el golpe de Estado de 1976 y luego le dio sustento con cuadros políticos y económicos, empezando por el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, con vínculos nacionales e internacionales con el Estado terrorista que los benefició con sus políticas económicas". En esa categoría se incluirían a dueños y directivos de empresas como Ingenio Ledesma, Loma Negra, Ford, Mercedes Benz, Acindar, Astarsa, Fiat, Tensa, Techint, Bridas, Pérez Compac, Alpargatas, Celulosa, la Sociedad Macri (SOCMA), el Banco de Italia, y el First Bank of America.
Kicillof aboga por "encontrar a los responsables económicos" de las dictaduras
También se analiza allí la estatización de las deudas de los grandes grupos económicos y se cita la etapa de Domingo Cavallo cuando fue presidente del BCRA en 1982 y estatizó pasivos privados. Según ese trabajo, "la estatización que llevó a cabo Cavallo a través de los seguros de cambio le habrían costado al estado unos 20.000 millones de dólares". También se apunta a lo ocurrido con la empresa Papel Prensa. En el 2010 un grupo de diputados encabezados por los dirigentes de La Cámpora Andrés "El Cuervo" Larroque, Eduardo "Wado" de Pedro y Juan Cabandie intentó impulsar la creación de una especie de Secretaría de Delitos Económicos para investigar el accionar de las principales corporaciones durante la dictadura, pero el tema no prosperó.
En las últimas semanas el tema llegó a los empresarios. La UIA rechazó por medio de un comunicado que se conforme una Comisión Bicameral para investigar complicidades de empresarios o grupos económicos durante la última dictadura militar. En ese documento, la central fabril manifestó su "rechazo al proyecto de ley para crear una Comisión Bicameral de identificación de las posibles complicidades económicas durante la última dictadura militar". Y advirtió que "cualquier investigación sobre el particular que se realice a ciudadanos u organizaciones de la sociedad, debe llevarse a cabo por las vías institucionales que corresponden". La semana pasada, Kicillof solicitó "seguir trabajando para encontrar a los responsables económicos de las dictaduras militares que buscaron instalar proyectos económicos pensados para unas minorías, para generar más concentración de la riqueza, más desigualdad, más exclusión, más desempleo, y más pobreza".