La ley 26.743, promulgada en 2012 y reglamentada en mayo de este año, establece el derecho a la identidad de género. A meses de su entrada en vigor, los beneficiarios no cuentan con su entera aplicación por parte de la sociedad, las instituciones oficiales y, principalmente, por el sistema nacional de salud.
El Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación se creó en el 2003 con el objeto de abarcar los temas de sexualidad que han sido históricamente dejados de lado. Este programa es el encargado de generar un campo propicio para que las leyes puedan implementarse.
Previo a la ley, el programa tuvo distintas políticas que dieron paso a la apertura de un espectro de trabajo con la diversidad sexual. La ley de matrimonio igualitario en el 2010 generó un clima de discusión que incentivó la transformación de la concepción de derechos y el alcance al sistema de salud.
Desde el programa se convocó a participar a distintas agrupaciones LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales) a nivel federal para constituir una mesa participativa de diversidad y salud. El objetivo fue debatir y acercar propuestas de políticas de Estado inclusivas. Las implicancias emergentes de las diferentes reuniones concluyeron con un diagnóstico de la situación de ese momento, donde se encontró como principal barrera la falta de servicios capacitados en los cuidados de la salud sexual y reproductiva de las personas LGTB, así también la presunción de heterosexualidad en la atención médica y prejuicios de los equipos de salud hacia la comunidad LGTB.
La reticencia de los equipos profesionales de salud a entender los derechos sexuales es el primer obstáculo a sortear. Marcela Romero, presidente de la Asociación de Travestis, Transexuales, Transgénero de Argentina (ATTTA), remarcó la falta de profesionales capacitados para la atención de personas trans. No obstante, argumentó que a pesar del constante trabajo en la sensibilización y la concientización para crear una atención integral en todos los hospitales, el consultorio del Hospital Fleming en San Martín es una de las instituciones amigables con la que cuentan hace 4 años. Esta asociación trabaja incansablemente para echar luz a los derechos de la población en cuestión.
El caso más emblemático es el de las personas travestis, transexuales y transgénero que plantean claros ejemplos de violencia institucional por parte de los profesionales, lo que condiciona su acceso al sistema de salud. Las personas trans demandan acceso a las distintas especialidades médicas para el desarrollo de los tratamientos de hormonización. Las mujeres lesbianas y bisexuales precisan que no se presuponga la heterosexualidad en las consultas ginecológicas y que puedan acceder a la información y a las técnicas de reproducción asistida. Los varones gays y bisexuales necesitan que se desarraiguen concepciones heteronormativas y así se reconozca su identidad.
Pese a la sanción de la ley, la salud es un bastión difícil de conquistar. Por ello, es deber del Estado intervenir en la capacitación constante de los profesionales de salud en pos de garantizar el derecho a la identidad sexual, que es un derecho humano. Así también, asegurar la distribución de insumos, implementar campañas nacionales de difusión con perspectiva de derechos, institucionalizar y elaborar protocolos de atención junto con el monitoreo y la evaluación de estas políticas en todo el país.
El objetivo principal de la ley tiene que ver con despatologizar la diversidad. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud reconoce la diversidad como parte de una sexualidad sana y la ley de identidad de género se establece en el mismo sentido, en muchos servicios se sigue catalogado como enfermedad.
La meta continúa siendo que estos servicios y tratamientos estén garantizados para todas las personas, sin necesidad de someterse a circuitos de tratamiento psiquiátrico.
Hoy la ley no se está aplicando en todos los centros de salud. Pese a sus esfuerzos, el Ministerio de Salud de la Nación no logra generar un acatamiento generalizado. Son pocos las instituciones "amigables" donde se puede consultar. Y esto genera circuitos paralelos peligrosos para la salud.