El casi unánime silencio de los gobiernos y los partidos oficialistas latinoamericanos ante la sentencia dictada al dirigente opositor venezolano Leopoldo López empieza a romperse con peticiones para que se le garantice el debido proceso y el derecho a defenderse y apelar.
La Cancillería de Paraguay dijo el lunes que espera un "pleno apego al debido proceso y efectivo respeto de los derechos" en el caso del dirigente del partido Voluntad Popular, condenado el pasado viernes a casi 14 años de cárcel por, presuntamente, instigar a la violencia en una protesta antigubernamental en 2014.
"Paraguay siempre ha defendido de una manera intransigente la plena vigencia del principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados, pero no por ello ha sido menos categórico en la protección de los derechos fundamentales del hombre, como son sus derechos civiles y políticos", expresó el gobierno paraguayo.
En similares términos, se pronunció el pasado fin de semana el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, al que respondió con un duro comunicado su par de Venezuela.
El gobierno de Horacio Cartes, de Paraguay, fue el último en expresarse sobre el caso
El gobierno de la presidente argentina, Cristina Kirchner, no se pronunció respecto a la detención de Leopoldo López. Tampoco lo hicieron Tabaré Vázquez en Uruguay, Dilma Rousseff en Brasil, Juan Manuel Santos en Colombia, Enrique Peña Nieto en México, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador.
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