Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos y miembros del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acordaron una reunión con el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, el próximo 24 de septiembre.
A través de un comunicado, la Secretaría de Gobernación indicó que "la Presidencia de la República refrendará su compromiso en la atención integral a las víctimas, directas e indirectas, y continuará con la investigación hasta llegar al esclarecimiento de los hechos".
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"México seguirá sumando esfuerzos orientados a alcanzar la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa", destacaron en el escrito.
En ese sentido, desde el Ejecutivo resaltaron que el mandatario dio instrucciones a las dependencias del Gobierno para que las conclusiones formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH sean analizadas e incorporadas a la investigación que mantiene abierta la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía).
Previamente, el presidente de la gubernamental Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de México, Jaime Rochín, afirmó que la institución aceptaba el ofrecimiento de intermediación del grupo de expertos de la CIDH con los familiares de los estudiantes desaparecidos.
En una reunión con Carlos Beristain, del GIEI, Rochín dijo en nombre de la CEAV que las observaciones contenidas en el informe presentado por los expertos sobre el caso de los estudiantes "son fundamentales para hacer cumplir los derechos de acceso a la verdad y la justicia para las víctimas".
En un informe presentado el domingo pasado, el GIEI estimó imposible que los 43 estudiantes hayan sido quemados en un basurero como sostiene la versión del gobierno, y señaló graves irregularidades en la investigación, como la destrucción de evidencias y torturas a detenidos.
Según la fiscalía, el 26 de septiembre de 2014 un grupo de jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados a tiros por policías del municipio de Iguala, estado sureño de Guerrero, cuando se trasladaban en autobuses supuestamente para sabotear un acto oficial de la esposa del entonces alcalde José Luis Abarca.
En los ataques murieron seis personas, incluidos tres estudiantes, y 43 jóvenes fueron detenidos y entregados a miembros del cártel de Guerreros Unidos, los cuales, fueron asesinados y luego quemaron sus restos.
El jueves, el abogado de los padres de los desaparecidos, Vidulfo Rosales, dijo que sus representados buscarán que el presidente Peña Nieto adquiera un "compromiso claro de que se van a reestructurar completamente las investigaciones".