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Sergio P. está preso. Fue condenado en 2012 a seis años y nueve meses de prisión por los delitos de robo con armas de fuego, privación ilegal de la libertad y tentativa de extorsión. Detenido desde 2010, en noviembre pasado el tribunal oral que lo había condenado le acortó el tiempo para que se beneficiara antes con salidas transitorias porque había estudiado en la cárcel.

En la primera mitad del 2015, el preso realizó otros tres cursos de formación en oficios, por lo que su defensor oficial ante los tribunales orales pidió que le redujeran más el tiempo para que pudiera salir antes de manera transitoria. El defensor adujo que tiene excelente conducta y nunca había sido sancionado por las autoridades penitenciarias.

Debido a que está detenido desde agosto de 2010 y tenía que estar preso hasta fines de 2016, se solicitó la reducción de la pena en virtud de lo que se conoce como el "estímulo educativo", concepto que beneficia a los reclusos que estudian.

Según los cálculos del defensor Maximiliano Dialeva Balmaceda, Sergio P. debió haber salido en libertad anticipada en mayo pasado. Tras su planteo, el Tribunal Oral 13 le redujo la pena, pero no conforme a lo que había reclamado el preso. Entonces la decisión fue apelada a la Cámara de Casación.

Juan Carlos Sambuceti, defensor oficial de la Casación, se hizo cargo del pedido del preso. En abril presentó los argumentos por los cuales pedía que se revise la decisión. Lo hizo ante la sala I, que era la que debía resolver el planteo y que estaba integrada por los camaristas Ana María Figueroa, Luis Cabral y Gustavo Hornos. El 24 de junio terminó el plazo de trabajo previo a la decisión que debía tomarse el 6 de agosto pasado.

Entre una fecha y la otra el kirchnerismo sacó a Cabral del cargo que subrogaba y puso a tres abogados como conjueces de esa sala: Claudio Vázquez, Roberto Boico y Norberto Frontini.

Sambuceti presentó en las últimas horas un recurso ante la Corte Suprema de la Nación por retardo y denegación de justicia. Es que el defensor había pedido en julio pasado que se restablezca la composición de la sala I, tal como había sido mientras se hizo el trámite del expediente en reclamo del derecho al "juez natural". El 7 de agosto pasado, es decir un día después de que se venciera el plazo en el que se debía resolver si Sergio P. podía quedar en libertad, pidió un "pronto despacho" para que el caso se resolviera a la brevedad.

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El recurso ante la Corte se presentó luego de que Vázquez -abogado que subroga como juez de Casación- rechazara el 12 de agosto pasado los reclamos y estableciera una nueva audiencia para el 1 de octubre. Un día antes, Vázquez fue suspendido en su carácter de juez subrogante de Casación por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

El defensor oficial de Sergio P. se presentó ante la Corte porque vio afectado el derecho de su defendido a tener "acceso a la Justicia en un plazo razonable".

El máximo tribunal deberá ahora resolver este caso donde está en juego la libertad de una persona, pero también el sistema que estableció el kirchnerismo para ocupar lugares en una cámara como la de Casación donde se revisan -entre otros- los principales casos de corrupción investigados en la justicia federal.