Uno de los principales acusados de haber organizado el atentado a la AMIA quedó cerca de que la Unión Europea levante sus sanciones contra él. Se trata del ex ministro de Defensa, Ahmad Vahidi, denunciado por el fiscal Alberto Nisman por haber planificado el ataque terrorista que dejó 85 muertos y cientos de heridos.
Según publicó este lunes el diario norteamericano The Wall Street Journal, la entidad europea está lista para remover del listado al general iraní retirado como parte de las medidas acordadas en el acuerdo diplomático nuclear negociado por el presidente Barack Obama.
La lista de sancionados de la que sería quitado no tiene que ver con el caso AMIA: Vahidi había sido colocado en ella junto a otros militares, científicos nucleares y organismos iraníes como parte de las sanciones que el país recibió por su avance armamentístico.
A cambio de que el régimen de Medio Oriente aceptase enviar a Rusia casi todo su uranio enriquecido y las centrifugadoras que producen su combustible nuclear, los EEUU, Rusia, China, Alemania, el Reino Unido y Francia se comprometieron a levantar las sanciones que afectan al país, incluyendo sanciones comerciales y la prohibición de comerciar su petróleo en los principales mercados internacionales.
Este martes, el diario Página 12, de conocida cercanía al gobierno nacional, se hizo eco de la noticia y anticipó que la Cancillería argentina presentará en los próximos días una nota de protesta si la Unión Europea avanza con la decisión.
Al momento del ataque a la AMIA, Vahidi era el líder de la Guardia Revolucionaria iraní . Según la investigación de Nisman, en aquel entonces participó de una reunión de altas autoridades del régimen islámico en la cual se decidió atacar la sede central de la comunidad judía en Buenos Aires. La agresión fue luego encargada a la organización Hezbollah.
Por la denuncia de Nisman, Vahidi todavía tiene en pie un pedido de captura internacional ante Interpol. Tras la sanción del memorándum con Irán, la oposición argentina denunció que esas "alertas roja" podrían ser levantadas, pero hasta el momento nada de eso sucedió. Mientras tanto, la Justicia argentina debe expedirse sobre la legalidad del acuerdo firmado entre ambos gobiernos.