Paro o asueto a la fuerza. Eso es, según quien lo mire, la protesta que este lunes encabezan los empleados estatales bonaerenses del gremio oficialista Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) luego de que el gobierno provincial no les permitiera pasar el asueto por el Día del Trabajador Estatal a un día hábil.
Este año, la jornada no laboral fijada para el 27 de junio de cada año cayó un sábado y la administración de Daniel Scioli decidió no trasladarla. Se trata de una ley aprobada en 2014 por la Legislatura bonaerense. El texto nada dice de que los festejos deban ser cambiados de día en caso de caer en un fin de semana, pero el gremio hizo su propia interpretación de la normativa.
La conducción bonaerense de UPCN convocó a la medida de fuerza bajo el argumento de que "existen fundados argumentos para avalar y dar respaldo legal al reclamo, teniendo en cuenta los derechos consagrados en las Constituciones Provincial y Nacional", según publica el diario El Día de La Plata.
La opositora Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) decidió diferenciarse y no sumarse a la protesta. De todas formas, el titular de la filial bonaerense, Oscar de Isasi, defendió la fecha como un logro sindical.
"Existen fundados argumentos para avalar el reclamo", alegaron los sindicalistas
"El 27 de Junio no es cualquier día, porque en esa misma fecha en 1979 la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través de los convenios 151 y 154, recomendó a los países miembros de la institución la discusión paritaria para los trabajadores estatales", explicó.
En sintonía con lo anterior, remarcó: "Antes de eso algunos decían que éramos servidores públicos, que no teníamos derechos. Por eso, que el estado nacional, el estado provincial y muchos municipios ya estén reconociendo este día, implica una institucionalización más de una lucha de años, que hicieron miles de compañeros".
El 26 de junio de 2014 la Cámara de Senadores sancionó una ley, luego promulgada, estableciendo como "Día del Trabajador Estatal" el 27 de junio, en adhesión a la ley nacional 26.876, aprobada el 2013 en el Congreso y que rige para todos los empleados de la administración pública nacional.