La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó hoy la orden de un tribunal venezolano que prohíbe la salida del país a 22 periodistas involucrados en la demanda judicial por reproducir una información que vincula al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, con el narcotráfico. El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, declaró que dicha decisión "muestra, una vez más, cómo el sistema judicial venezolano es utilizado como un instrumento del poder político".
La jueza venezolana María Eugenia Núñez emitió este martes la orden de restricción, que alcanza a los dueños y directivos de los diarios El Nacional, Tal Cual y la publicación digital La Patilla, tal como lo solicitó Cabello al interponer su demanda por difamación el pasado 23 de abril. Entre los afectados figuran Miguel Henrique Otero, director de El Nacional; Teodoro Petkoff Malec, director de Tal Cual; y Alberto Federico Ravell, propietario de La Patilla.
Los tres medios citados reprodujeron una información del diario español iABC/i basada en declaraciones del militar Leamsy Salazar, ex jefe del grupo de seguridad de Cabello. "La información, avalada por los editores del diario español, sostiene que Cabello sería uno de los jefes del Cártel de los Soles, que trafica con cocaína en Venezuela", recogió la SIP, con sede en Miami.
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Mohme aseguró que "no se cumple con las garantías del debido proceso, que implican que el juez debió citar primero a los demandados en forma individual para evaluar si procede o no dictar medidas de arraigo en cada caso particular". Un procedimiento judicial que, apuntó la SIP, "rompe con los principios" establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando dictaminó que los "medios no pueden ser responsables por publicar en forma fiel informaciones que fueron originalmente difundidas por otros medios".
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, indicó que la "acción judicial ocurre en un marco general de graves restricciones y ataques contra los medios críticos e independientes" que han "desenmascarado el clima de autoritarismo que propicia el régimen del (presidente venezolano) Nicolás Maduro".
Paolillo remarcó que "este acoso judicial es un eslabón más de una larga cadena restrictiva que incluye ahogar a los medios privados para comprarlos, directamente o a través de testaferros". Y así montar "una extensa maquinaria de propaganda", puntualizó Paolillo, "la cual conspira contra el libre flujo de información plural y diversa, que es necesario para que haya democracia".