Por decisión de Cristina Kirchner, en Santa Cruz podrán comprar autos importados sin impuestos

Las cargas tributarias que se aplican en el mercado automotriz tendrán una excepción en la provincia que tiene a la familia Kirchner entre sus personalidades más destacadas.

Los residentes de Santa Cruz podrán comprar algunos autos importados sin pagar el Impuesto Interno que se aplica en casi todo el país y suele disparar el precio de los vehículos.

La información surge de la Resolución 31/2014 que fue publicada en el Boletín Oficial, mediante la cual el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación readecuó las normas que rigen para la Zona Franca de Río Gallegos y Caleta Olivia. En Tierra del Fuego rige un sistema similar, pero alcanza a los rodados fabricados en el Mercosur?.

Para evitar las migraciones "golondrina" y cambios de domicilio "express", se estableció que estarán habilitados para comprar "exclusivamente titulares del grupo familiar conviviente que acrediten debidamente residencia definitiva" en la provincia del sur de la Argentina.

Con el mismo objetivo, en la normativa se apuntó que los vehículos sólo podrán salir de la provincia bajo debida autorización del Servicio Aduanero local figurando como una "exportación temporal y por un plazo no mayor a noventa (90) días por año". Los residentes podrán comprar de esta manera una vez cada cinco años "contados desde la fecha de patentamiento".

A esta ventaja se le suma, como ocurre en Tierra del Fuego, que todos los vehículos comprados en Zona Franca estarán exentos de IVA, aranceles aduaneros, Bienes Personales e impuestos internos. Sólo pagarán Ingresos Brutos al gobierno provincial.

La norma establece como "valor máximo CIF de compra por unidad vehicular de u$s 25.000 para los autos y de u$s 40.000 para las pick ups". En el resto del país no pagan impuestos los autos que cuestan menos de u$s 22.340 en el primer límite y de u$s 27.474 en el segundo límite.

Esto seguramente provocará un masivo desembarco de concesionarios en la provincia de Santa Cruz. Varios de ellos no olvidan que en 2014 el Gobierno multó con $1060 millones a ocho automotrices por concertar precios y apropiarse de beneficios impositivos.