En una nota enviada a la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, el titular de la Secretaría de Inteligencia (SI), Oscar Parrilli, informó que el Gobierno autorizó la desclasificación de los nombres de los agentes de inteligencia involucrados en el encubrimiento del atentado a la AMIA denunciado por el fallecido fiscal Alberto Nisman, así como de los audios que los involucran.
Nisman, quien fue encontrado muerto en su domicilio, presentó el miércoles pasado un escrito de 300 carillas en el que denunció el supuesto complot. Entre otras cosas, había pedido "la desclasificación de la identidad, las acciones, los hechos y circunstancias correspondientes al plan de inteligencia que surge del producto de las intervenciones telefónicas de los abonados nro. 11-3238-4699, 11-3315-6908, 11-3964-0799 y 11-6224-0263".
A raíz del pedido, Parrilli le envió dos notas a Servini de Cubría. En la primera, le pidió a la jueza que "tenga a bien proceder a identificar los nombres del personal de este Organismo que se encontrarían referidos en la mentada denuncia, a efectos de proceder al levantamiento del secreto de los mismos".
En la otra nota escribió que "por expresa instrucción de la Señora Presidenta de la Nación, por medio de la presente se autoriza la desclasificación del producido de las intervenciones de los abonados números 11-3238-4699, 11-3315-6908, 11-3964-0799 y 11-6224-0263, y de todo otro material, archivo o información de inteligencia vinculada a la investigación del atentado contra la sede de la AMIA".
Las notas fueron enviadas a Servini de Cubría, que estaba subrogando el juzgado de Ariel Lijo, el juez que está a cargo del expediente, pero estaba de feria. No obstante, el magistrado canceló sus vacaciones y se reincorporó hoy a sus funciones.
El miércoles pasado, Nisman imputó a la presidente Cristina Kirchner, el canciller Héctor Timerman, el dirigente Luis D'Elía, el diputado Andrés "Cuervo" Larroque y el líder de la agrupación "Quebracho", Fernando Esteche, a quienes acusó de "encubrir" la pista iraní por el atentado a la AMIA a través de la firma del acuerdo con Teherán.
El fiscal sostuvo que la firma del tratado tenía como finalidad desvincular a Irán de la responsabilidad por el ataque de 1994, a cambio de obtener una contraprestación energética del gobierno persa.