En el epílogo del fin de semana pasado, el Gobierno sorprendió al comunicar la suspensión de Procter&Gamble por "fraude fiscal y fuga de divisas". Sin embargo, la sanción al gigante multinacional que comercializa marcas reconocidas como Gillette, Pampers, Pantene (entre otras) parece haber sido apenas el puntapié inicial de una avanzada para ponerle freno a las maniobras financieras de grandes grupos que buscan eludir las regulaciones locales.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, brindó ayer su último informe del año al Congreso en la Cámara de Diputados e insistió con la necesidad de constituir una comisión bicameral para investigar "maniobras de desestabilización" económica de empresas que a través de "ataques especulativos sistemáticos" actúan en perjuicio del fisco. Y para reforzar la denuncia, dio los nombres de tres compañías que son investigadas por realizar ese tipo de prácticas.
En una sesión de seis horas, el funcionario reveló que fue intimada General Electric, empresa que reveló que tiene mercadería parada en Aduana (con documentación en proceso de verificación). Y le sumó los casos de la empresa Maltería Pampa y de Monte Verde S.A., compañía que opera en el sector farmacéutico, a la cual señaló que se le detectó una operación con Perú que es equivalente a de 16 millones de dólares desfavorable para la Argentina.
El jefe de ministros aseguró que cuenta con documentación que acredita maniobras de triangulación, de sobrefacturación de importaciones y de subfacturación de exportaciones, que afectan negativamente el ingreso de divisas y favorece la evasión fiscal.
En el caso de General Electric, Capitanich acusó a sus directivos de aplicar una "sobrefacturación de importaciones y aumento de precios, lo que implica mayor egreso de dólares e incremento de la estructura de costos para generar un impacto en el balance fiscal".
La compañía en cuestión se dedica a proveer insumos básicos para iluminación, generación eléctrica, transporte aéreo y ferroviario, salud, tratamiento de agua, industrias metalúrgicas y de petróleo y gas y le da empleo a más de 2000 personas.
Con respecto a la situación de Maltería Pampa S.A., integrante del grupo Ambev, dedicado a la producción mundial de cervezas, que en la Argentina distribuyen Quilmes y Brahma, entre otras, el jefe de Gabinete señaló que está en la mira porque habría realizado una "subfacturación en las exportaciones, lo que provoca menor ingreso de dólares al país y una disminución de utilidades de la filial local". El fraude estimado -precisó Página/12- ronda los 234 millones de dólares y para lograrlo se habría utilizado un sistema de triangulación mediante empresas vinculadas, algunas radicadas en Uruguay.
Al respecto, fuentes de la empresa indicaron a Infobae que "Maltería Pampa opera en absoluto cumplimiento de todas las normas fiscales y de comercio exterior de la Argentina. Maltería Pampa forma parte del grupo AmBev, fue creada en 1987, y provee malta a las operaciones de AmBev en Brasil y en otros países de América Latina."
En cuanto a Monte Verde S.A. -compañía controlada por Laboratorios Raffo- las operaciones ilícitas están en el orden de los 16 millones de dólares. El jefe de Gabinete detalló que incluirían "subfacturación en la exportación de productos farmacéuticos", maniobra que "permite el giro de dividendos". "Acá hubo un aprovechamiento de un convenio de cooperación comercial firmado con Perú y exportan a un tercio de lo que vale el producto", informó el funcionario.
Para cerrar el tema, Capitanich adelantó: "Una vez concluida la tarea profesional de investigación por los técnicos de la AFIP, y en la medida en que el resultado de esas investigaciones arroje el impulso de una causa en sede judicial, procederemos a dar la información pública como se ha hecho recientemente en el caso de Procter & Gamble".