Fiscal pide investigar si policías falseaban datos a la Justicia para extorsionar a empresarios

La olla la destapó el titular de la financiera Propyme, Guillermo Greppi, cuando denunció que un grupo de policías de la sospechada Difoc le había exigido 300 mil dólares a cambio de dar marcha atrás con el allanamiento ordenado por el juez Norberto Oyarbide. A partir de allí se abrió una causa en contra de dicha división policial pero también sobre el magistrado, pues los federales aseguraron que actuaban en nombre de él.

Esa causa está en poder del juez federal Luis Rodríguez y se llevan a cabo medidas de prueba. Él también tiene otro capítulo del escándalo: es aquel que involucra al subsecretario de legal y técnica Carlos Liuzzi, de quien el juez Oyarbide dijo haber recibido un llamado que derivó en la suspensión de ese allanamiento, y a raíz de tomar conocimiento sobre el pedido extorsivo de los policías.

A partir del pedido extorsivo que habría recibido Greppi surgieron nombres de otros empresarios que se sospecha pudieron haber sido víctimas de un pedido similar, y la investigación apunta por un lado corroborarlo, y luego determinar si la policía lo hizo por cuenta propia o con la venia del juzgado.

Ahora un fiscal pone más dudas sobre el accionar de la Difoc, pues sospecha que cometieron irregularidades y que ellos crearon un "escenario propicio para la realización de exigencias dinerarias en los allanamientos" ordenados por Oyarbide, entre ellos el que se hizo en Propyme.

El fiscal Gerardo Pollicita investiga la causa original que antes estaba en poder de Oyarbide (de la cual se apartó tras el escándalo) y por la cual se ordenaron el 19 de diciembre del año pasado unos 22 allanamientos, entre ellos el de Propyme.

La denuncia que originó todo fue de manera irregular, pues la Difoc informó de una denuncia anónima que llegó a la división sobre que Juan Pablo Barduil se dedicaba a crear sociedades para lavar dinero. Fue a principios de 2013 y tras tareas de inteligencia y varias horas de escuchas telefónicas es que Oyarbide finalmente ordenó los allanamientos.

Pero según apuntó el fiscal Pollicita los policías de la Difoc ocultaron al juez Oyarbide una investigación extensa que se había iniciado dos años antes sobre las mismas maniobras y que involucraban a los mismos actores, y la cual estaba en poder de otro magistrado, Rodríguez.

La sospecha del fiscal es que la información que constaba en la causa de hace dos años fue utilizada por los federales para "desdoblar la investigación de una única organización criminal" en una nueva causa "y todo ello no habría tenido otra finalidad que la de materializar las irregularidades".

Un hecho que refleja el accionar irregular, y del cual dio cuenta Pollicita, es que los policías introdujeron el dato de Propyme del seguimiento que hicieron a Barduil al piso 21 de Maipú 311, pero la realidad es que ese edificio no tiene más de 20 pisos.

El dato de Propyme "tuvo como finalidad última permitir el acceso a la empresa con un total dominio sobre la suerte que correrían los responsables de la entidad financiera y así poder realizar las exigencias dinerarias que, en caso de no ser satisfechas, derivarían en la colección de elementos que pudiesen vincular a la mutual con el ilícito originariamente investigado".

Ahora el fiscal pidió remitir todas estas pruebas al juez Rodríguez al igual que la causa original que derivó en el allanamiento a Propyme y otras financieras, pues entiende que tienen relación con la otra investigación que éste tiene en su poder desde hace dos años y en la cual se investigan actividades de lavado de dinero de una gran cantidad de entidades financieras.

El pedido fue hecho esta semana, según informaron fuentes judiciales a Infobae, y en los próximos días será el juez Julián Ercolini el que defina si la causa debe quedar en poder de su par Rodríguez.

En simultáneo, Rodríguez tiene como imputados a agentes de la Difoc por el supuesto pedido extorsivo hecho en Propyme, y también se lo investiga al juez Oyarbide, pues de corroborarse la maniobra, otra vez la duda: ¿los federales actuaron por su cuenta o lo hicieron con la venia del juez?.