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El acuerdo por el cual el PRO le facilitó al oficialismo la aprobación del traslado del monumento a Colón a Aeroparque para emplazar en su lugar una estatua de Juana Azurduy causó indignación entre las otras fuerzas opositoras y entre varias asociaciones ciudadanas, en especial italianas, y algunas de ellas casi centenarias.

Lo que muchos calificaron como "capricho de una sola persona" es una maniobra que tiene aristas legales, pero también histórico-culturales.

"La demolición del Monumento a Colón constituye una síntesis palpable y dramática del cáncer que corroe a la Nación: la demolición de la República", dijeron a Infobae dos integrantes del "Comité Italo-Argentino y Adherentes Colón en su lugar", Mario Chiesa y Alejandro Marrocco, éste último abogado de las 7 entidades que presentaron ante la Justicia un amparo para frenar la mudanza.

"¿Es éste el final de la historia? Ciertamente no" –afirma Chiesa-. Y avisa que la ley recién sancionada será impugnada ante la Justicia Federal por inconstitucional "ni bien sea publicada", del mismo modo que ya fue impugnada en el ámbito de la Justicia de la Ciudad la Resolución 156 de la Legislatura que autorizó el traslado.

También recuerdan que en la Justicia Federal ya están en trámite, y desde hace más de un año, "dos recursos de amparo que aún esperan sentencia definitiva, con una medida cautelar vigente que prohíbe el traslado".

"Lo extraño es que aun con esta medida preventiva, el gobierno nacional comenzó hace tres semanas la construcción del nuevo pedestal para la estatua de Azurduy, para lo cual están hormigonando por encima de la cripta-Museo del Monumento del Centenario", se indigna Mario Chiesa.

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Pero ¿qué le hace un desacato más al kirchnerismo que ya batió récords de desobediencia negándose, por ejemplo, a reponer en su cargo al Procurador de Santa Cruz pese a los fallos del más alto tribunal de la República que se lo ordenaban?

Como lo explican los integrantes de "Colón en su lugar", en este caso se acumulan las infracciones. "No existe ninguna ley que autorice el emplazamiento de la estatua de Juana Azurduy en el lugar –explica el abogado Alejandro Marrocco-. Sancionar esta norma es prerrogativa exclusiva de la Legislatura de la Ciudad, que debería aprobarla por un procedimiento especial denominado de 'doble lectura', que incluye audiencia pública para que los ciudadanos puedan opinar".

"Se está destruyendo el núcleo del Monumento para emplazar otra estatua sin autorización legal, cuando constitucionalmente aquél debería ser preservado", sintetiza.

"Uno se pregunta: los gobernantes de turno ¿pasarán siempre por encima de cuanta ley les venga en gana y hasta de la Constitución sin inmutarse? –dice por su parte Chiesa-. Para construir un edificio hay que tener permiso habilitante, ¿y para levantar una nueva estatua frente a la Rosada no? ¿Cómo es posible?"

"Y los diputados que asienten y votan a favor de todo esto, ¿desconocen que la Constitución Nacional y la de la Ciudad garantizan la protección del patrimonio histórico y cultural? ¿O lo saben, pero aun así no les interesa?", insiste.

Marrocco dice incluso que este traslado es "repugnante a la Constitución Nacional". Y se explaya: "El artículo 41 de nuestra Carta Magna garantiza la preservación del patrimonio cultural. Relocalizar un monumento siempre implica destruirlo".

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Chiesa afirma el concepto de que un monumento no es simplemente "un conjunto de bloques", sino "una unidad material, histórica, cultural y simbólica arraigada en un sitio específico".

"Trasladarlo supone suprimir cuanto menos sus dimensiones histórica y simbólica convirtiéndolo en poco más que un despojo. Máxime en el caso de un Monumento como éste, que fue especialmente diseñado para ser ubicado en la Plaza Colón, donde permaneció por casi cien años."

En efecto, el de Colón es uno de los seis grandes monumentos "a la Nación Argentina", donados en ocasión del primer Centenario de la Revolución de Mayo y el Congreso lo ubicó frente a la Casa de Gobierno, que en aquel entonces miraba al río.

"Se pretende alterar su emplazamiento, como si nada, como si no fuera parte de la historia, la cultura y la memoria", dicen.

También destacan que la votación conjunta del oficialista Frente para la Victoria y el macrista PRO confirma su remozada alianza: "Ambos jefes de gobierno –nacional y porteño- operan sin ley y sin recursos: la ventaja de operar sin ley que lo autorice, es que tanto la demolición del Monumento del Centenario, como la actual construcción del pedestal para Azurduy, se realizan sin recursos asignados por el Congreso: el dinero se distrae de otros fines más urgentes y necesarios, y se lo destina según una decisión personal inconsulta ... "

Califican como "lamentable espectáculo", el de estos referentes políticos "que han arrastrado a los sumisos legisladores" a votar en contra de todo lo que dicen defender, "la diversidad cultural, el patrimonio histórico, la Memoria de la Nación, el dinero de los ciudadanos, en suma, la propia Constitución".

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Más opiniones

También la dirigente del radicalismo porteño Mabel Bianco calificó como "abuso y atropello a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y a los valores de nuestra cultura nacional" la aprobación por ley del traslado del Monumento a Cristóbal Colón. En un comunicado, criticó "el empecinamiento y 'capricho' de la Presidenta" en este tema.

También destacó la curiosa posición del titular del bloque del Pro, Federico Pinedo, "quien invirtió la casi totalidad de sus diez minutos de exposición a argumentar en contra del traslado" y que reconoció "como un sinsentido oponer a Cristóbal Colón a Juana Azurduy", pero "apenas 30 segundos después sostuvo el voto afirmativo de su bancada", según dijo, por respeto a "la mayoría de los representantes del pueblo de la Ciudad que votaron a favor en la legislatura y del acuerdo firmado por Macri y Cristina Kirchner".

La otra conclusión que cabe sacar es que el Gobierno obró con premeditación

Empezó presentando, en junio de 2013, un "Plan de Desmontaje y Preparación para Análisis y Evaluación de cada una de las Partes Constitutivas del Monumento a Cristóbal Colón". Un lenguaje eufemístico y pomposo para disimular sus verdaderas intenciones.

Con esta formulación, la justicia autorizó a que se bajara la estatua para una restauración que según el plan presentado duraría 30 días.

A ese doblez hizo referencia el diputado Fernando Sánchez (Chaco, Coalición Cívica) en la sesión en la cual se votó el traslado: "No se trataba de restaurar, es decir, de la puesta en valor del monumento, sino de una visión malintencionada de la Presidenta de la Nación". Sánchez no cree que Cristina Kirchner comparta siquiera la visión maniquea con la que algunos justifican la condena contra Colón. Él cree que se trató simplemente de la necesidad de buscar un nuevo enemigo, como alguna vez fue el campo o la Iglesia, ejemplificó.

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En esa sesión, en la cual el oficialismo y el PRO se impusieron en una votación de 128 a favor y 62 en contra, surgió también otro aspecto del problema.

"Por el capricho de una sola persona, vamos a gastar como mínimo 10 millones de pesos en momentos en que hay destinos mucho más inteligentes que este proyecto", denunció el diputado Martín Lousteau en el recinto.

Un empecinamiento oficial oneroso que, además, pasa por encima de las leyes y pretende imponer una visión anacrónica y maniquea del pasado nacional.

"Argentina tiene una historia en la cual la tensión del Atlántico y la tensión de los Andes conviven o intentan convivir desde hace mucho tiempo -agregó Lousteau-, y ambas partes son constitutivas de nuestra naturaleza y de nuestra identidad histórica. Que se llame a Colón genocida no sólo es una mala aplicación del término sino un insulto a nuestra Historia".