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Continúa la negociación entre los bancos extranjeros y los holdouts por la compra de la deuda

El JP Morgan y otras entidades financieras buscan comprar los títulos del "juicio del siglo". Es porque podría afectar su patrimonio que el país entre en default. Hoy habrá nuevas reuniones

Paul Singer, titular del fondo Elliott<br> 162
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Tras la salida del Gobierno y de la banca local nucleada en Adeba de las negociaciones, todavía es posible un "acuerdo entre privados" en Nueva York que evite la caída de la Argentina en una cesación de pagos.

Las conversaciones las encabezan el Citibank, el JP Morgan y el HSBC, quienes se encontraron ayer con representantes de los acreedores que no ingresaron al canje de 2005 y 2010. En las reuniones, eternas, se resolvían algunas diferencias, pero aún no se llega a un acuerdo, según consignó el diario Ámbito Financiero.

El objetivo de las entidades del exterior es comprar los títulos a los fondos NML y Aurelius, a fin de que el juez Thomas Griesa desbloquee el pago a los bonistas que reestructuraron su deuda por u$s539 millones.

Tanto los bancos internacionales, como los locales, tienen en su cartera de activos títulos de los canjes de 2005 y 2010 de Argentina. Ello los vuelve vulnerables y sensibles a un default, al impactar la falta de pago a los tenedores de deuda de lleno sobre los mercados.

La banca del exterior cuenta con mayor respaldo financiero para buscar una salida alternativa que sus pares argentinos de Adeba, quienes intentaron infructuosamente llegar un acuerdo con los buitres. Ayer, Cristina Kirchner y el ministro de Economía, Axel Kicillof, criticaron con dureza la estrategia planteada por la cámara que lidera Jorge Brito.

Las discusiones entre las partes, sin embargo, se encuentran en etapa preliminar, señalaron fuentes a la agencia AFP.

El interés del JP Morgan en llegar a una solución parte también de que, además de ser tenedor de bonos argentinos, es emisor de los Credit Default Swaps (CDS), que son contratos bilaterales que permiten asegurar los títulos ante un incumplimiento de pagos. Se calcula en u$s1.000 millones el monto que estos terceros en discordia deberían pagar a los buitres.

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