
La Fiscalía General de la Nación avanzó en el esclarecimiento del asesinato de Donovan Balanta, un joven afrodescendiente que habría muerto tras un procedimiento policial que incluyó patadas y descargas eléctricas, al parecer a manos de policías, en el barrio Caracolí, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.
Durante la audiencia preliminar de imputación de cargos, realizada el miércoles 21 de octubre de 2026, el ente acusador solicitó imputar los delitos de homicidio agravado y tortura agravada a cuatro uniformados de la Policía Nacional señalados por el crimen, catalogado como “discriminatorio y por razones de racismo”.
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Los uniformados señalados son el patrullero Jonathan Alexander Giraldo Torres, el subintendente Henar Tapiero Tique, el patrullero Santiago Vargas Romero y el mayor Roque Correa Yáñez, este último que era comandante de la estación de Cazucá al momento de los hechos.

En la diligencia, a la cual Infobae Colombia accedió, la Fiscalía reiteró que Balanta fue sometido a golpes, patadas y descargas con un dispositivo Taser cuando estaba esposado, reducido y semidesnudo. También reiteró que las agresiones ocurrieron en un contexto de presunta discriminación racial.
Las imputaciones a cada uno de los uniformados
Durante la audiencia, el fiscal del caso reconstruyó con nuevos detalles la actuación de los uniformados, que aún sigue en investigación.
De acuerdo con el desmenuzado relato, el patrullero Giraldo Torres accionó en varias oportunidades el Taser que tenía asignado contra Balanta, tanto en la vía pública como dentro de la estación de Policía de Cazucá.
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Incluso, el fiscal relató que, después del traslado de la víctima a la sede policial, Giraldo habría efectuado otras nuevas tres descargas eléctricas. “El señor Donovan Balanta Paz se encontraba esposado, reducido en el suelo y semidesnudo al momento en que se provocaron estas tres descargas”, afirmó durante la audiencia.
La Fiscalía indicó que el informe de necropsia documentó “abrasiones compatibles con el uso de un dispositivo de conducción eléctrica en varias partes del cuerpo”. Según la imputación, la causa de muerte fue una arritmia cardíaca asociada con el uso de la herramienta de neutralización.
Por ende, la imputación contra Giraldo Torres sería como presunto autor de homicidio agravado con dolo eventual, tortura agravada y falsedad ideológica en documento público.
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Sobre este último cargo, la institución sostuvo que el patrullero consignó en el libro de población que “no hubo maltrato y que se respetaron los derechos humanos de Balanta”.

Los uniformados Tapiero y Vargas fueron imputados por presuntas omisiones y agresiones
En cuanto al subintendente Henar Tapiero Tique y el patrullero Santiago Vargas Romero, la Fiscalía pide imputaciones por presunto homicidio agravado con dolo eventual, en comisión por omisión, y tortura agravada como presuntos coautores.
La entidad señaló que ambos tenían el deber de impedir las agresiones y de activar los mecanismos de protección para la víctima, pero no lo habrían hecho. En el caso de Tapiero, el ente acusador le atribuyó además haber golpeado con patadas a Balanta mientras Giraldo Torres utilizaba el táser.
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Sobre Vargas, también se aseguró que habría participado en las agresiones físicas como: “Usted le propinó patadas y golpes en el rostro a la víctima”, le dijo el fiscal al patrullero.
El ente investigador sostuvo que las agresiones habrían tenido como propósito castigar a Balanta por el presunto lanzamiento de una botella en contra de las autoridades durante el procedimiento.
La Fiscalía señaló que Donovan Balanta pidió atención médica durante 20 minutos
La imputación también se concentró en la supuesta actuación del mayor Roque Correa Yáñez, comandante de la estación de Policía de Cazucá, en el municipio de Soacha. Según la investigación adelantada por la Fiscalía, Balanta permaneció cerca de 20 minutos en el lugar antes de que los uniformados lo llevaran al Hospital Cardiovascular de Soacha.
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Durante ese lapso, la víctima habría manifestado dificultades para respirar, dolor en el pecho y la necesidad de recibir asistencia médica. Esas solicitudes, añadió el fiscal, fueron transmitidas por José Luis Guerrero, otro ciudadano que se encontraba retenido en la estación.

“Solo después de que el señor Donovan Balanta Paz quedó inconsciente fue que los uniformados policiales decidieron trasladarlo” al centro asistencial, expuso el fiscal.
Por ende, para el mayor Correa Yáñez se pidió imputación por homicidio agravado con dolo eventual y tortura agravada, ambos en comisión por omisión, además de falsedad ideológica en documento público. Para el ente acusador, el uniformado no activó los protocolos ni ordenó el traslado inmediato de Balanta, pese a que, según el relato, habría presenciado parte de los hechos y conocido el deterioro de salud de la víctima.
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En cuanto a la presunta falsedad ideológica, la Fiscalía afirmó que Correa Yáñez consignó en el libro de población que Balanta llegó a la estación en mal estado de salud y que ordenó llevarlo de inmediato al Hospital Cardiovascular.
“La víctima únicamente fue trasladada cuando ya había perdido el conocimiento y presentaba un estado crítico de salud”, indicó el delegado fiscal.

El representante de las víctimas respaldó la imputación y solicitó a la Fiscalía evaluar delitos adicionales relacionados con “discriminación y hostigamiento”. Durante su intervención, mencionó expresiones que, según su planteamiento, evidenciarían un componente racial en las agresiones denunciadas, además de las ya reportadas:
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“Esos negros revoltosos”; “Ahí te lo dejo tirado, negro cuscús” —les habrían dicho a las acompañantes de Donovan Balante—; “Bájense, negros hijueputas, para que aprendan a respetar la ley (sic)”.
La audiencia entró en receso después de la intervención de la Fiscalía, antes de que las defensas formularan sus observaciones, y fue suspendida para ser retomada el jueves 22 de octubre de 2026.
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