Ricardo Jaime logró -es un derecho que asiste a los imputados- no tener que presenciar todas las audiencias del juicio por la Tragedia de Once. En su pedido -el Tribunal de Juicio acordó que los imputados soliciten permiso para ausentarse- explicó que vive en Córdoba y que viajar a Buenos Aires dos días por semana le acarrea "a href="http://www.infobae.com/2014/05/05/1561933-once-jaime-dice-que-no-tiene-plata-viajar-cordoba-y-lo-autorizaron-faltar-al-juicio" rel="noopener noreferrer" alto costo/a".
Precisamente en Carlos Paz, Córdoba, hubo un allanamiento en 2010 por la causa en la que se lo investiga por enriquecimiento ilícito. Ese procedimiento no terminó bien. Jaime -ex secretario de Transporte del kirchnerismo- intentó robar pruebas de ese allanamiento y por eso fue condenado. Un tribunal Oral Federal de Córdoba lo sentenció a seis meses de prisión en suspenso por aquel intento de robarse pruebas.
La Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó esa condena y Jaime con más de 20 casos de corrupción abiertos, tiene una situación judicial aún más complicada.
En septiembre pasado los jueces Fabián Asís, Carlos Lascano y José María Pérez Villalobo dieron a conocer su veredicto. El fiscal del caso Maximiliano Hairabedián había pedido una pena de un año de prisión condicional por el delito de tentativa de sustracción de pruebas, que prevé un mínimo de 15 días y un máximo de dos años y ocho meses.
La defensa de Jaime había pedido la absolución. Contra ese fallo se presentó una apelación ante la Cámara de Casación.
Jaime fue condenado por intentar robarse unas tarjetas personales que lo señalaban como director ejecutivo de la empresa Cerro Motos. Esa tarjeta lo ponía a Jaime dentro de un entramado de negocios y política -que involucraba a otros altos funcionarios kirchneristas- que se podría haber develado con esas pruebas. Las tarjetas que habían sido secuestradas en el allanamiento, nunca llegaron al juzgado, por entonces a cargo de Norberto Oyarbide, donde se lo investiga por enriquecimiento ilícito. Misteriosamente se desvanecieron en el viaje desde Córdoba a Buenos Aires.
En el juicio realizado en Córdoba el policía federal Miguel Ángel Maidana –que dirigió el operativo– explicó que Jaime se metió las tarjetas en el bolsillo y luego las devolvió. La contadora Eleonora Feser de la fiscalía federal de Carlos Rívolo, que lo investiga por enriquecimiento ilícito, y que estuvo en el allanamiento, confirmó la existencia de las tarjetas. Pero esas pruebas nunca aparecieron. El Tribunal dio por sentado el intento de robo de Jaime y por eso lo condenó.
Ahora la Sala IV de la Cámara de Casación con la firma de los jueces Mariano Borinsky -presidente del Tribunal - Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani, confirmó la condena a seis meses de prisión. Si bien la pena aplicada a Jaime no es de cumplimiento efectivo, tiene mucha importancia. En caso de que Jaime sea condenado en otra causa -tiene varias en camino a juicio oral y público- podría cumplir pena de prisión efectiva. Y luego de la confirmación de la condena, algún juez que lo procese podría considerar necesario detenerlo.
Está entre los acusados por la Tragedia de Once. Y a la espera de que se inicien dos juicios por haber recibido dádivas de empresarios a los que debía controlar. También fue enviado a juicio oral en una causa por corrupción en la administración del ferrocarril Belgrano Cargas. El mes pasado, el juez Sebastián Casanello, a cargo del expediente por enriquecimiento ilícito, procesó a Jaime y a sus testaferros.
Jaime, quien manejó discrecionalmente la política de transporte durante los seis primeros años del kirchnerismo, desfila por Tribunales. Cometió actos de corrupción y fue descubierto.