Desde su presentación en diciembre de 2012, la reforma educativa impulsada por el presidente mexicano Enrique Peña Nieto fue recibida con un fuerte rechazo en el sector. El mandatario asumió y planteó la necesidad de renovar un sistema educativo que está vigente desde hace décadas. Sin embargo, la resistencia continúa.
Después de las críticas de especialistas y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ahora se le sumaron los Estados de la República.
El jefe de Estado mandó a juicio a gobernadores y congresos locales de Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Sonora, Zacatecas y Baja California por omisión o incumplimiento de los mandatos de la reforma y las leyes secundarias de Educación y del Servicio Profesional Docente. Esta última representó la más polémica, ya que modificó las condiciones laborales de los docentes y, a su vez, exige una evaluación continua de ellos.
Por eso, entre el 14 y el 30 de abril, Peña Nieto envió a la Suprema Corte de Justicia un total de seis "controversias constitucionales". En cada uno de esos casos, el gobierno federal encontró distintas violaciones a la autoridad normativa.
En el caso de Oaxaca, el Gobierno demanda que, una vez concluido el plazo, ese Estado no inició el proceso de modificación de su ley local, según consigna El País.
"Hay un problema en la estructura del federalismo mexicano. Durante el siglo XX dominó el centralismo bajo un mando autoritario. Con el marco de la democratización ha habido intentos por establecer nuevas relaciones entre gobierno federal y estatales, pero no acaba de asentarse el nuevo ordenamiento", reflexiona Gilberto Guevara Niebla, consejero del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
Con relación a los cambios que esta reforma representa para el mundo docente, Guevara destaca que lo más importante tiene que ver con que la promoción, entrada y salida de los docentes depende de la evaluación del magisterio.
"Esto genera desconfianza en el gremio al ver amenazada su permanencia", explicó.
Con el fin de evitar el concurso de plazas magisteriales establecidas en la reforma educativa del presidente Peña Nieto, gobernadores y líderes sindicales nombraron a miles de profesores. Desde septiembre pasado, se han otorgado sin concurso 34.312 cupos en 12 Estados. El que más entregó fue Oaxaca, con seis mil.
"En Oaxaca la resistencia a la reforma está orientada por formulaciones políticas doctrinarias radicales. En cambio, en el norte el magisterio se encuentra menos politizado, es más dócil y está también mejor pagado", analiza Guevara.
Por su parte, el consejero del INEE añadió que uno de los grandes conflictos de esta reforma son los bajos salarios. Para paliar esa crisis, esta semana el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Secretaría de Educación Pública llegaron a un acuerdo para aumentar los salarios docentes en un 6,24%.
Además, el Ministerio de Educación (SEP) y los Estados firmaron un acuerdo que establece una sola negociación salarial entre el SNTE y los gobiernos locales. Con este acuerdo se busca que los gobernadores no sean presionados por los líderes sindicales para obtener aumentos adicionales, bonos, compensaciones, estímulos o gratificaciones, como ocurrió en las últimas décadas.
De esta manera, ahora la Suprema Corte tiene un plazo máximo de seis meses para resolver sobre las controversias, pero hay citas muy próximas que podrían acelerar la decisión.