Desde febrero de 2014, con el inicio de las manifestaciones de estudiantes y políticos opositores, hasta el día de la fecha, en Venezuela se han multiplicado significativamente las denuncias que recaen sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Abogados voluntarios de la ONG Fundeci detectaron que agentes encubiertos que responden al chavismo se están infiltrando entre los manifestantes, con el fin de allanar propiedades y realizar detenciones, según consigna El Nacional.
"Son personas que llegan a relacionarse con los ciudadanos cuya propiedad es luego objeto de allanamiento, al punto de que logran tomar fotografías, entrar a las viviendas de las personas y recabar información personal", explica Elenis Rodríguez, directora de Fundeci.
La abogada agrega que a estas personas se las conoce con el nombre de "patriota cooperante", aunque precisó que esta denominación no se encuentra establecida en la legislación venezolana.
"Cuando vimos el expediente del allanamiento del 26-A, que lleva el Tribunal 27° de Control, nos encontramos con que se indica que un 'patriota cooperante' suministró la información que permitió dar con las personas detenidas. No se identifica quién es esa persona, ni siquiera bajo un nombre falso, pero su declaración y señalamientos sustentan todo el expediente", relató Rodríguez.
Con respecto a ese caso, la directora de Fundeci sostuvo que ese "patriota cooperante" acusó a Rodolfo González, un piloto retirado de 67 años, de haber conspirado contra el régimen chavista.
"Esa persona anónima supuestamente tuvo acceso a comunicaciones privadas del acusado, no se entiende bajo qué figura", señaló.
Rodríguez alerta de que las personas incriminadas por el patriota cooperante "terminan siendo objeto de allanamientos y posibles detenciones posteriores" y apunta contra la labor desarrollada por los magistrados: "Los jueces basan sus decisiones en las declaraciones de una figura no contemplada en la legislación, incluso sin contrastar con otros testigos".
Narenis Silva, del equipo de juristas voluntarios de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), confirmó lo revelado por la ONG. "Estos agentes no se identifican y en las audiencias se señala que se hacen amigos de los imputados, toman fotos, etcétera. Pero nunca se tiene idea de quiénes son. Incluso podrían no existir. El agente encubierto está previsto en la ley contra el terrorismo, pero no en los términos en que la Fiscalía lo ha usado para estos casos de protestas", sostiene.
José Vicente Haro, abogado constitucionalista, explica que el uso de este tipo de espías o funcionarios encubiertos es inconstitucional, ya que la ley correspondiente (Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo) determina que su campo de acción abarca delitos de terrorismo, delincuencia organizada y narcotráfico.
El jurista marca tres irregularidades básicas que se presentan en la mayoría de los allanamientos llevados a cabo por estos "patriotas". "La primera de ellas es la fundamentación, justificación y motivos por los cuales se hace el allanamiento, pues se afirma que quienes protestan forman parte de redes terroristas, conspiran contra el Gobierno o forman parte de la delincuencia organizada. Lo segundo es que los agentes encubiertos deben tener una autorización previa de un juez, pero en estos casos esa autorización no existe. Tercero, se viola totalmente el derecho al debido proceso, el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Son lesiones gravísimas a derechos civiles consagrados en la Constitución", argumenta.
El mismo acto delator se da entre vecinos, según lo manifestado por Delsa Solórzano, abogada de derechos humanos. "En Los Ruices, El Paraíso, Montaña Alta y en algunos allanamientos en el estado Zulia, sabemos que personas se comunican con las autoridades y gracias a ellas es que se emiten luego las órdenes de allanamiento. Sin embargo, en los expedientes de estos casos no se habla de delación", concluye.