Ni represión, ni libertad al piquete: un proyecto apunta a funcionarios que desoyen los reclamos

DyN
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Previsible. El impulso desde la Casa Rosada de una ley que regule e impida los piquetes provocó una suerte de "concurso" en el que los legisladores comenzaron a presentar sus propias iniciativas. Desde el extremo de una restricción a ultranza del corte de calle, pasando por diferentes grados de permisividad, algunos borradores oscilaron en ideas poco convencionales. Uno de ellos es el de la diputada Ramona Pucheta, ex aliada de Raúl Castells, que contempla la creación de un archivo digital de acceso público de demandas.


En el Registro Público Nacional Digital de Peticiones y Reclamos de Ciudadanos -como así lo denomina el texto a la nómina-, deberán aparecer la fecha, lugar, nombre de la persona, agrupación, o breve descripción del grupo social que hace la petición o reclamo, el contenido del petitorio, y datos de la respuesta otorgada por la dependencia del Estado o empresa de servicios públicos a la que se le intima. El listado estaría disponible en internet.


La iniciativa de la legisladora del Frente por la Inclusión Social comprende también la creación del "responsable superior de atención al público", un funcionario que estará sujeto a sanción de que no cumpla en tiempo y forma con su función. En concreto, si no hay una respuesta debidamente registrada dentro de los tres días de iniciado el reclamo, habría un "aviso de incumplimiento". A las cinco advertencias, el funcionario tendría que ser reemplazado.


Además, se busca ampliar los sectores de atención al público en todo establecimiento de las dependencias de los tres poderes del Estado y de las empresas de servicios públicos para que los colectivos peticionantes puedan expresarse ante el responsable del conflicto.


Según Pucheta, el proyecto toma "una postura distinta" a los ingresados a la Cámara de Diputados por el oficialista Carlos Kunkel y el opositor del Frente Renovador, Darío Giustozzi.


"Desde su visión gran parte de los cortes de calles por manifestaciones sociales son consecuencia de la falta de mecanismos de atención a protestas y peticiones previas, muchas de las cuales son ignoradas sin recibir mínima respuesta", sostuvo en un comunicado la dirigente.


Para la parlamentaria, el objetivo es "atender y proteger las peticiones de los ciudadanos, que de manera pacífica hacen legítima la potestad que garantiza la Constitución Nacional, tal el caso de los vecinos que sufrieron los cortes de luz o los problemas de inseguridad que se viven a diario y solo a través del reclamo en las calles nos sentimos escuchados o se obtiene algún tipo de solución".


"Si existen dos o tres casos de personas que cortan de manera total una calle o que desarrollan violencia en sus reclamos, deberá ser accionar de las fuerzas de seguridad y de la Justicia controlarlo; pero no por eso deben pagar la culpa todos los que se manifiestan pacíficamente o que las protestas espontáneas deban ser condicionadas", concluye Pucheta en el texto de la ley.