El 24 de marzo, la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom), creada en octubre pasado en el marco de la Ley Orgánica de Comunicación –conocida como "ley mordaza"– multó a Extra con el pago del 10% de la facturación promedio de los últimos tres meses, tras acusar al medio de violar el artículo tres del código de ética (impuesto por la ley), que establece "evitar un tratamiento morboso" de la información.
La Supercom amonestó al diario por unos titulares de diciembre pasado que consideró que no eran "coherentes ni consistentes con el contenido de la noticia" y pidió una rectificación que el diario Extra rechazó hacer porque su contenido se ajustaba a la verdad.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, dijo que "esta multa bajo criterios subjetivos de una entidad y una ley que atentan contra la libertad de prensa, más allá de ser desproporcionada, es una evidencia más de que el gobierno de Rafael Correa ha creado estos mecanismos para condicionar a los medios privados con el objetivo de que no haya fiscalización ni críticas de la opinión pública sobre su gestión".
La multa impuesta a Extra equivale al 10% de la facturación promedio mensual. Según la ley, la reincidencia en la supuesta falta será por el 20% y se iría duplicando en forma sucesiva. La ley no especifica un límite sobre las penalidades económicas.
"Sin dudas, estamos frente a una ley que posibilita castigos económicos que son utilizados y manipulados para mermar la capacidad operativa de los medios privados, con las consecuencias agravantes que ello tiene para la libertad de prensa y la democracia", agregó Paolillo.
Desde su instauración, la Supercom ha impuesto decenas de multas y aplicado amonestaciones, censurando y creando autocensura en los medios de comunicación.