La Fiscalía General de Venezuela anunció, este viernes, la apertura de procesos contra 10 manifestantes detenidos; entre ellos, dos menores de edad. Serán acusados de atacar unas oficinas de la Policía tras la marcha del 12 de febrero que realizaron universitarios y opositores en Caracas.
El Ministerio Público explicó, en un comunicado, que los manifestantes, que quedaron en libertad pero sometidos a régimen de presentación en tribunales, fueron imputados por instigación pública a delinquir, daños violentos, asociación en grupo para cometer delitos y concurrencia de adolescentes para cometer un acto delictivo.
La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, declaró que "los responsables de los hechos ocurridos en el país van a pagar por esto". Informó que ya dispone de "material fotográfico y fílmico" sobre un ataque a la sede de la Fiscalía General y señaló a grupos de "infiltrados y encapuchados" como los responsables del choque que dejó 3 muertos y 66 heridos.
La ONG Foro Penal Venezolano señaló que "sólo en Caracas hay aproximadamente 100 manifestantes detenidos". Añadió que "no se conoce el paradero" de algunos de ellos y que los familiares y activistas esperan que "aparezcan en las audiencias" en los tribunales.
El director de la organización, Alfredo Romero, indicó que los jóvenes han sido incomunicados y no se les permite hablar con sus familiares ni abogados, hecho que consideró una violación de las leyes.
Romero anunció a la agencia de noticias AP que denunciará los casos de maltratos y "tortura" a los que fueron sometidos algunos detenidos, a quienes se les aplicó "descargas eléctricas", les "metieron la cabeza en agua como para hacerlos declarar ciertas cosas" y fueron golpeados.
Un representante de la ONG local Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, acudió el viernes a la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General para denunciar el secuestro temporal que sufrió un miembro de esa organización por parte de hombres encapuchados que se identificaron como miembros de la policía política.
"Ellos se identificaron como personal del Servicio de Inteligencia, pero nunca mostraron su rostro ni sus credenciales", contó el coordinador de medios de Provea, Inti Rodríguez.
Rodríguez dijo que luego de darle algunos golpes en la cabeza con las culatas de sus armas, los presuntos funcionarios policiales lo montaron en una motocicleta y lo llevaron a un terreno baldío donde lo siguieron golpeando, lo interrogaron, le quitaron su teléfono y billetera. "Me amenazaban que me iban a matar", agregó, quien fue liberado tras una hora de retención.