Según el sondeo nacional de vivienda de Parametría, los encuestados respaldan la voluntad de "protección de las autodefensas en las distintas comunidades michoacanas" porque creen que allí "se vive un estado de ingobernabilidad".
Michoacán es una región rural con costas sobre el océano Pacífico, con un importante volumen de exportación de productos agrícolas, sobre todo el limón, pero con más de la mitad de su población en la pobreza. Sus montañas también son utilizadas por narcotraficantes para esconder cultivos de marihuana, amapola y laboratorios de drogas sintéticas.
Este estudio revela que el 55% considera que las organizaciones del crimen organizado mandan en el territorio, el 11% cree que son las autodefensas quienes gobiernan. Es más, la mitad de los mexicanos (51%) está de acuerdo con que algunos michoacanos hayan tomado las armas para defender y recuperar sus comunidades de los grupos criminales.
La violencia ligada al narcotráfico ha golpeado a Michoacán en los últimos años pese a intentos de autoridades federales de restaurar el orden con el envío de militares y policías federales. En febrero del año pasado, surgieron estos grupos de autodefensa, que reclaman el desmantelamiento de Los Caballeros Templarios. Las milicias civiles exigen al Gobierno la detención de, al menos, cuatro líderes principales.
En las últimas semanas, el gobierno federal dice que ha capturado a 334 sospechosos, entre los que se encuentran 128 operadores del crimen organizado. La captura más importante ha sido la de Dionicio Loya Plancarte, uno de esos cuatro cabecillas de Los Caballeros Templarios.
El gobierno de Enrique Peña Nieto acordó con las autodefensas que sus miembros se incorporen a cuerpos rurales del Ejército o se sumen a las policías municipales. Sin embargo, no todos los milicianos se registraron.
El representante de Naciones Unidas para México, Centroamérica y el Caribe, Antonio Mazzitelli, avaló la decisión del mandatario pero advirtió que la oficialización de las milicias civiles en Michoacán "no puede ser permanente".
Para el funcionario de la ONU, la capacidad insuficiente del Estado a nivel municipal, estatal o federal genera fenómenos de expansión de violencia por parte de las organizaciones criminales y también reacciones por parte de la población civil.
De todas formas, aclaró que "el monopolio del uso de la violencia tiene que quedarse en el Estado".