Seis camiones y una excavadora que se utilizaban en la construcción de un camino en la denominada zona del conflicto indígena chileno fueron quemados la madrugada del sábado, ataque perpetrado por un grupo de desconocidos que dejó panfletos alusivos a la causa mapuche.
Los agresores huyeron después de que incendiaran la maquinaria en la zona costera de la región de La Araucanía, a unos 700 kilómetros al sur de Santiago. Los camiones y la excavadora pertenecían a la empresa familiar JEP que abría el camino para la compañía Mininco al comenzar la temporada de cosecha de plantaciones forestales.
La maquinaria, que estaba a la orilla del camino, quedó completamente destruida.
El hijo del propietario de la firma, Justo Gutiérrez, dijo a radio Bio Bio que el ataque fue perpetrado por "grupos que utilizan la causa mapuche como excusa para cometer actos de violencia y que no son de la zona".
El empresario aseguró que se perdió más del 80% del patrimonio de la compañía, valuado en más de un millón 300.000 dólares.
Luego del ataque llegó al sector personal de las policías civil y uniformada, incluidas sus ramas de inteligencia.
El grupo responsable del atentado dejó panfletos que vinculan el hecho a la causa indígena, en los que aseguran que no son anarquistas ni marxistas, sino "mapuches autonomistas". En los papeles piden la libertad del machi (autoridad religiosa en lengua mapuche) Celestino Córdova, el único acusado por el homicidio del matrimonio Luchsinger Mackay, una pareja de ancianos terratenientes quemados vivos por una veintena de encapuchados que incendió la casa de las víctimas en enero de 2013.
El secretario regional de Gobierno, Mauricio Vial, afirmó que debido al ataque del sábado quedó destruida la empresa constructora, la cual tenía 35 años de trayectoria.
A fines de diciembre pasado, otro ataque incendiario afectó un helicóptero que se utilizaba para el combate de incendios, debido a lo cual el gobierno invocó la Ley Antiterrorista. La polémica normativa se aplica casi exclusivamente al pueblo mapuche y la invocación fue rechazada incluso por las Naciones Unidas, que llamó a "derogar la ley o abstenerse de usarla" pues en Chile "no hay situación de terrorismo".
La presidenta electa Michelle Bachelet, quien en su anterior mandato (2006-2010) recurrió en cuatro ocasiones a la controvertida legislación, aseguró que no volvería a invocarla.
Los mapuches reclaman la recuperación de sus tierras ancestrales, ocupadas por grandes productores forestales y latifundistas, situación que —afirman— los mantiene dentro de los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad chilena.
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