La Sociedad Interamericana de Prensa (a href="http://www.sipiapa.org/" rel="noopener noreferrer" SIP/a) manifestó a través de un comunicado "su repudio a la decisión del gobierno de Venezuela en el sentido de crear un nuevo organismo estatal con el propósito explícito de censurar cualquier tipo de información aduciendo razones de seguridad nacional o desestabilización política".
El nuevo organismo, bautizado como Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), entró en vigencia después de publicarse el 7 de octubre en la Gaceta Oficial.
A través del CESPPA, el presidente Nicolás Maduro podrá requerir toda información de "actividad enemiga interna y externa, provenientes de todos los organismos de seguridad e inteligencia del Estado y otras entidades públicas y privadas" (Art. 3), "así como prever y neutralizar potenciales amenazas a sus intereses vitales" (Art. 7), y además "podrá declarar el carácter de reserva, clasificada o de divulgación limitada a cualquier información" (Art. 9).
PUBLICIDAD
El CESPPA reemplaza al CESNA (Centro de Estudio Situacional de la Nación), ideado por el ex presidente Hugo Chávez en 2010, he impugnado ante el Tribunal Supremo de Justicia por distintas instituciones que los consideraban anticonstitucional.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, manifestó: "Estamos ante un caso de arrogancia sin fin, en el que el gobierno de Venezuela se arroga el poder de establecer qué se puede informar, criticar u opinar, sosteniendo en su mano un ente creado por él mismo, con el que puede controlar, censurar y castigar a su antojo, algo así como ser presidente, legislador y juez al mismo tiempo".
PUBLICIDAD
Paolillo, director del semanario Búsqueda de Uruguay, indicó que el reciente anuncio del presidente Maduro y la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, donde aseguraron que se aplicarán fuertes sanciones contra el periódico Diario 2001 por un titular publicado esta semana que daba cuenta del desabastecimiento de la gasolina de alto octanaje, "demuestra que el gobierno podría censurar cualquier tipo de información económica, política, educativa o incluso deportiva, si infiere que pudiera ir en contra de los intereses de Venezuela".