El Senado estadounidense rechazó, este lunes, un proyecto de ley de finanzas aprobado el fin de semana por la Cámara baja, lo que prolonga el bloqueo y aumenta el riesgo de una paralización gubernamental a partir del martes. Los 54 senadores demócratas, que disponen de mayoría, votaron contra la propuesta, que habría permitido financiar al Estado federal, pero que socava la ley sobre asistencia médica de Barack Obama.
Restan menos de 10 horas a ambas Cámaras, cada una controlada por un partido diferente, para acordar un texto común e impedir un cierre parcial de los servicios públicos. Pese a la ausencia de un acuerdo sobre el presupuesto entre demócratas y republicanos, Obama afirmó este lunes no estar "para nada resignado" a una parálisis del Estado, que parece, sin embargo, inminente.
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El mandatario anunció que hablaría con los líderes del Congreso lunes y martes, pero reiteró que no negociaría bajo la amenaza de una parálisis.
Los efectivos de las administraciones podrían ser reducidos a un mínimo vital hasta una fecha indeterminada a partir del martes si los congresistas no aprueban una ley de finanzas temporaria antes de la medianoche (04:00 GMT), hora oficial del comienzo del ejercicio presupuestario 2014.
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Luego de tres semanas de fervorosos debates, si no se llega a un acuerdo esta medianoche en la Cámara alta, esta paralización afectará a un amplio número de programas, que incluye desde parques nacionales hasta el mismo Pentágono. A su vez, cerca de 800.000 funcionarios se verían obligados a no concurrir a sus trabajos durante el tiempo que dure la escasez.
Esta medida, que no se adopta desde enero de 1996, podría costar más de mil millones de dólares y, según el propio Barack Obama, "perturbará la economía" del país.
En caso de aplicarse una paralización, aproximadamente un 35% de los más de dos millones de empleados del gobierno federal dejarían sus puestos de trabajo a partir de este martes. Por eso, las agencias federales comenzaron a realizaron una selección de los trabajadores considerados "esenciales".
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Entre los organismos oficiales que clausurarían, están los parques nacionales y el propio Pentágono, entre otros. A su vez, también se vería afectado personal de la Casa Blanca.
Sin embargo, continuarían funcionando los programas que se consideran esenciales, como el control de tráfico aéreo y las inspecciones alimentarias.