Miguel Galuccio sabe que desobedecer a la Justicia no es gratis. Pero la instrucción llega desde lo más alto: "Hasta después de las elecciones el contrato no se muestra", dicen en Balcarce 50. Dorotea Capurro, dueña de los millonarios recursos de la comunicación de YPF, sabe que cada día que pase va a ser más difícil mantenerlo bajo siete llaves y recomienda hacerlo público cuanto antes.
Ya son tres los jueces que le ordenaron a la petrolera estatal mostrar los escritos firmados con Chevron Corporation. Sin embargo, el secretario de Energía, Daniel Cameron, dice que se mantendrán en secreto, casi como si se tratara de documentos militares o de inteligencia.
¿Por qué tanto sigilo y tanto misterio?, se preguntan los legisladores de la oposición que vienen reclamando conocer qué hay detrás del acuerdo. Según un abogado que participó activamente en la negociación, tres serían los puntos del contrato difíciles de explicar al núcleo duro de los votantes del kirchnerismo antes del 27 de octubre:
1) La ley aplicable del convenio, en caso de incumplimientos o disputas, no es la argentina, es la de la ciudad de Nueva York.
2) En caso de llegar a existir un desacuerdo o un conflicto entre Chevron y la petrolera nacional, la jurisdicción no serían los tribunales argentinos, sino la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en Francia.
3) YPF deposita 100 (cien) millones de dólares en un banco de los Estados Unidos en concepto de iescrow/i (depósito o garantía) para que Chevron pueda eventualmente cobrar de esa cuenta futuras utilidades de negocio.
Son varias las preguntas aún sin respuestas. Y la última palabra, antes o después de las elecciones legislativas, la tiene el gobierno nacional.