Apenas el 30 por ciento de los brasileños considera que el desempeño del gobierno de Dilma Rousseff es bueno o muy bueno, según una encuesta de la consultora Datafolha.
Es un 27 por ciento menos de los 57 puntos de aprobación que tenía el 6 de junio, días antes del comienzo de las movilizaciones nacionales desatadas por el aumento de la tarifa de transporte en San Pablo.
Son datos impactantes para un país que viene de dos presidentes como Fernando Henrique Cardoso y Luiz Inácio Lula da Silva, que contaron con altos niveles de aprobación durante toda su gestión y, si bien atravesaron períodos con una imagen aún más baja que la de Dilma, nunca sufrieron un descenso tan pronunciado en tan poco tiempo.
Desde 1990 que un mandatario no sufría una caída tan abrupta. En esa oportunidad, quien gobernaba era Fernando Collor de Mello, que terminó renunciando luego de que le iniciaran un juicio político por escándalos de corrupción.
El retroceso de Rousseff no discrimina por región, edad o clase social. Su imagen descendió en todos los sectores sociales.
Como suele ocurrir en estos casos, el deterioro de la confianza en el gobierno no responde a una sola causa. Las protestas fueron emergentes de un descontento que se venía conteniendo, y que tenía a la economía como uno de los puntos críticos. Tras varios meses continuos de estancamiento e inflación, la aprobación de la gestión económica se redujo del 49 al 27 por ciento y las expectativas inflacionarias crecieron de 51 a 54 por ciento.
Lo mismo ocurrió con las expectativas sobre desempleo, que aumentaron de 36 a 44 por ciento, y sobre el deterioro del poder adquisitivo, que pasaron de 27 a 38 por ciento.
Pero Rousseff todavía está a tiempo de reaccionar y la actitud que adopte frente a esta crisis puede permitirle iniciar una remontada. Por lo pronto, el 68 por ciento de los brasileños apoya el plebiscito propuesto por la presidente para realizar una reforma política.