"Se ha iniciado, desde el lunes 29 de abril, una auditoría interna sobre el proceso censal, cuyos métodos se someterán a evaluación por expertos externos", indicó un comunicado del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), entidad estatal a cargo de la realización del censo.
El organismo chileno anunció, además, que fue suspendido "transitoriamente" el sitio electrónico del censo y las ediciones impresas que no se han distribuido, "hasta que se haya llegado a la convicción de que son cifras con niveles de confianza propios de una institución técnica, profesional y de calidad".
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El comunicado es firmado por Juan Eduardo Coeymans, director del INE, quien fue nombrado el lunes en el cargo luego de la renuncia de Francisco Labbé, detonada por la fuerte polémica que causó un reportaje del medio electrónico Ciper que acusó la manipulación de los datos del censo 2012.
Según la denuncia, se presentaron a 16.600.000 habitantes como efectivamente censados, cuando se entrevistó a 600.000 personas menos. El entonces director forzó la cifra para poder alcanzar el objetivo de sólo un 2% de personas que no contestaron e incluyó a los moradores ausentes y a las viviendas desocupadas como si hubieran sido entrevistados.
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Las dudas respecto a las metodologías afectan a tres ítems del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que según medios de prensa locales, podría indicar diferencias de hasta cuatro décimas respecto de la cifra oficial. En todo 2012, la inflación chilena alcanzó 1,5%, la cifra más baja en nueve años.
La Fiscalía de Chile investiga el hecho ante posibles delitos, mientras que el gobierno chileno no descartó que se realice un nuevo censo si se confirman las irregularidades.