Tras nueve horas de debate, la Cámara de Diputados dio sanción definitiva al proyecto de ley que declara de utilidad pública a la Compañía Sudamericana de Valores, ex Ciccone.
En la votación en general, el oficialismo logró imponer su mayoría y contó con el apoyo de sus aliados habituales. El saldo fue: 145 votos afirmativos, 77 negativos y 5 abstenciones.
Los partidarios del Gobierno también lograron el número necesario para aprobar los artículos en particular del proyecto.
Además, bloques opositores como Proyecto Sur, el Frente Cívico de Córdoba (juecismo) y legisladores como Felipe Solá acompañaron la medida por razones políticas, aunque dejaron expresamente asentadas sus posturas críticas hacia el Gobierno.
La bancada que lidera Fernando "Pino" Solanas anunció que pedirá que se cree una comisión parlamentaria para seguir el caso de la imprenta, en el cual el vicepresidente Amado Boudou está sospechado de participar de la venta irregular de la ex Ciccone que investiga la Justicia. La iniciativa contó con la adhesión de otros diputados.
Denuncias cruzadas
Pese al apoyo conseguido, el oficialismo debió sortear un camino más espinoso de lo que ocurrió en el Senado. Es que a lo largo de la jornada, decenas de legisladores cargaron contra Boudou y la Casa Rosada advirtiendo, uno tras otro, que el presunto objetivo era limpiar al vicepresidente de todo cargo con la expropiación.
Tal es el caso del vicepresidente de la Cámara baja, Mario Negri. El diputado de la UCR dijo: "Ahora la estrategia es, ante las gravísimas sospechas de corrupción existentes en este caso, intentar hablar de expropiación en lugar de corrupción".
Pero las diatribas comenzaron desde temprano con palabras como las de Elisa Carrió, quien afirmó que "no hay dudas de que el señor Amado Boudou es el propietario de la empresa a expropiar".
Fiel a su estilo, la líder de la Coalición Cívica-ARI acusó a todo el Gobierno de estar detrás de la causa: "Este no es un negocio personal del vicepresidente, es un negocio del poder".
Acusaciones de ese tenor se repitieron en boca de radicales, miembros del Peronismo Federal, el PRO y demás espacios opositores. Incluso algunos bloques que respaldaron la medida atacaron al Ejecutivo.
"A nadie se le escapa que el país está cruzado por todo tipo de mafias", indicó "Pino" Solanas, quien se preguntó, no obstante, qué objeto tendría dejar la empresa en manos de ese tipo de personas. "No hacemos leyes para 15 días, hacemos leyes para muchos años", añadió.
Solá, por su parte, dijo: "Voto a favor porque vemos objetivamente el problema". Pero aclaró que detrás del proyecto "están las huellas de un desastre encabezado por el vicepresidente, que se escondió como un cobarde y que hoy la mayoría de la cámara ayuda a que se siga escondiendo".
"Lo que estamos discutiendo hoy es otro capítulo más de una trama de graves irregularidades de numerosas agencias estatales", dijo en su alocución de cierre Ricardo Gil Lavedra, del bloque de la UCR. "No se trata este de un hecho aislado de un hecho de corrupción. Se trata de una concertación de organismos estatales para llevar a cabo este hecho", añadió.
Gil Lavedra se quejó además del tiempo para debatir este proyecto y de la ausencia de explicaciones por parte de funcionarios del Gobierno, y argumentó que eso evidencia que el objetivo de la votación era otro.
Planteos como ese se escucharon durante la jornada. Mientras, los oficialistas, además de defender el proyecto, acusaron a quienes no lo iban a hacer por obedecer a intereses privados.
Al cerrar el debate, Agustín Rossi, titular de la banca del Frente para la Victoria, recordó que Boudou "ni siquiera fue llamado a declarar, no está procesado". "Los opositores hace tres meses propiciaban la expropiación y ahora no votan porque lo propicia el Estado argentino", observó.
"Es una decisión acertada, potencia una actividad que tiene que estar en manos del Estado", agregó el diputado santafesino, poco antes de mantener un duro cruce con su par de la UCR Oscar Aguad.