Según datos de Amnistía Internacional (AI), Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Cuba, Guatemala, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Trinidad y Tobago pueden considerarse "retencionistas", ya que llevaron adelante condenas a muerte en la última década.
Granada y Surinam son "abolicionistas en la práctica" (conservan la pena de muerte pero llevan más de 10 años sin aplicarla), mientras que El Salvador sólo la contempla en su legislación militar y en circunstancias excepcionales como la guerra.
En todo el Caribe, sólo México, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Haití y Panamá eliminaron la práctica de sus normativas.
De las trece naciones que utilizan la condena a muerte para sancionar a delincuentes comunes, once votaron en contra de una resolución a favor de una moratoria en su apliación, aprobada por Naciones Unidas en 2010. Las dos restantes se abstuvieron.
Aunque los países más importantes y poblados abolieron este tipo de pena, es alarmante el alto número de Estados que aún la recogen dentro de la región.
Ése será el principal tema de análisis durante el Primer Congreso Internacional sobre la pena de muerte en los países del Caribe, que se celebrará del 17 al 19 de octubre en Madrid, España.