Las autoridades catalogan a este tipo de asesinatos como "violencia instrumental", es decir, que el asesino cumple órdenes de un tercero. Esta práctica se ubica como la primera causa de homicidios en Colombia.
El ministro de Defensa de Juan Manuel Santos, Rodrigo Rivera, afirmó que las vendettas y los ajustes de cuentas entre narcos representan la mayoría de las muertes por encargo de Colombia.
Ciudades como Cali y Medellín tienen las cifras más altas de crímenes cometidos por sicarios que, generalmente forman parte de las poderosas bacrim (como se las llama, al apocopar "bandas criminales"). Estos grupos actúan de forma similar a los paramilitares, porque poseen estructuras militares, dominio territorial y vínculos con sectores estatales, fuerza pública. Están catalogadas como las sucesoras de las Autodefensas Unidas de Colombia (unos 32 mil integrantes de las AUC, de extrema derecha, se desmovilizaron entre 2003 y 2006, durante el gobierno de Álvaro Uribe –2002-2010– a cambio de beneficios jurídicos).
El director de la Policía, general Óscar Naranjo, explicó que estas bandas emergentes son la mayor amenaza para la seguridad en Colombia. "Si no las paramos ya, podrían ponernos en jaque", advirtió. Además, recordó que esos grupos cometieron el año pasado 14 masacres y que hacen presencia en 152 municipios.
Detalló que actúan cada vez más en las urbes, por lo que la puja por el control del tráfico de droga incrementó los asesinatos. "Las ciudades se han visto afectadas por el sicariato y el traslado a lo urbano de la guerra por el control de territorios para tráfico y microtráfico", explicó el general José Roberto León, director de Seguridad Ciudadana. Naranjo fue más gráfico: "El microconsumo es el macroproblema".
Escuadrones de la muerte
Las autoridades informaron que en las ciudades de Medellín y Cali se ubican las bacrim más organizadas y que, incluso, disponen de "escuadrones de hombres destinados a la extorsión, el fleteo, control de plazas de vicio y al ajuste de cuentas por encargo", detalla El Tiempo.
En esas ciudades, la práctica se vuelve más dramática por el uso de menores como asesinos. Los llaman "carritos" y algunos de ellos reciben pagos de hasta dos millones de pesos colombianos (poco más de mil dólares) por cometer los crímenes, por los que muchas veces no son procesados.
El Gobierno percibe esta situación como una tendencia en aumento y presentó en el Congreso dos proyectos: el aumento de penas para menores (el año pasado fueron capturados casi 500 por homicidio, según El Tiempo) y el aumento de a 12 años de cárcel para quienes porten armas ilegalmente, delito que hoy es excarcelable.
Las autoridades aseguran que estas bacrim están presentes en el 75% del territorio colombiano e, incluso, tienen una alianza delictiva con las FARC.
Según reseñó El Tiempo, en el otro 53% de asesinatos registrados en 2010, casi cuatro de cada diez muertes tienen que ver con riñas, un 5%, con violencia en hurtos y un 1,3%, con violencia intrafamiliar. Las muertes por el conflicto armado con las guerrillas son cada vez más marginales: no llegan al 4 por ciento.