Venezuela conmemora cinco años del golpe de Estado del 11 de abril de 2002, que derrocó durante dos días al presidente Hugo Chávez. El intento de derrocar al presidente se recuerda en un marco de críticas por la "impunidad" que rodea a los supuestos autores del sangriento episodio.
Entre hoy y mañana, los "chavistas" se reunirán en asambleas públicas en todo el país para promover la "revolución" y el "poder popular", y el próximo viernes, día 13, se concentrarán en diversos puntos de Caracas para luego marchar hasta Miraflores.
Pero, pese a los actos, el Gobierno y la oposición tienen su hipótesis particular sobre el golpe ocurrido en el Palacio de Miraflores, y coinciden en denunciar que después de cinco años, permanecen libres los presuntos responsables.
Aquel día está caracterizado por una multitudinaria marcha opositora que, desviada de su ruta original, se dirigió al edificio parlamentario para pedir la renuncia de Chávez. Lamentablemente la manifestación se vio empañada por un grupo de francotiradores que, apostados en los techos de las construcciones linderas, dispararon contra los manifestantes y el palacio presidencial.
Chávez, quien asumió el Gobierno por primera vez en febrero de 1999, retomó el poder 48 horas después del ataque gracias a la acción de militares leales y de miles de civiles que se lanzaron a las calles de Caracas exigiendo el regreso de su "comandante".
Aunque el hecho dejo un saldo de varios muertos y decenas de heridos, todavía no hay detenidos con sentencia firme por el golpe de estados fallido.
Un hecho impune
Muchas son las críticas que llegan desde varios sectores del gobierno venezolano en tanto, ?la lentitud de la justicia? para detener y condenar a los culpables.
Diputados oficialistas han advertido que la Asamblea Nacional (AN), de 167 miembros, todos aliados del chavismo, "tiene la obligación de reabrir la investigación" de los hechos del 11 de abril de 2002.
Los chavístas reclaman saber quienes eran los francotiradores apostados frente al palacio con el objetivo de terminar con la presidencia del mandatario, y de quien fue la autoría del plan de derrocamiento. Especialmente, quienes financiaron el golpe.
La oposición también exigió un proceso más rápido de justicia. El dirigente opositor Gerardo Blyde aseguró en el marco de la conmemoración que "el 11 de abril de 2002 debería ser declarado día de la impunidad en Venezuela", porque "no hay derecho a que después de cinco años no hay culpables de los asesinatos".
El fiscal a cargo de la investigación, Isaías Rodríguez, hizo frente a las críticas y preciso que el hecho no quedará impune.
Entre los prófugos de la justicia venezolana está Pedro Carmona, el líder empresarial que asumió, el 12 de abril de 2002, un breve Gobierno de facto durante el cual decretó la abolición de los poderes públicos.
El Tribunal Supremo de Venezuela declaró este martes "procedente" pedir a Colombia la extradición de Carmona, refugiado en ese país desde mayo de 2002, por presunta "rebelión civil".