El represor Alfredo Astiz aceptó por primera vez declarar ante la justicia por las violaciones a los derechos humanos que habría cometido durante la última dictadura, al negar ante el juez federal Sergio Torres tener responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro de detención que funcionaba en la ESMA.
En esta oportunidad, el juez Torres intenta profundizar en la desaparición de las monjas francesas Leonnie Duquet y Alice Dumondy y de diez víctimas que frecuentaban la iglesia de la Santa Cruz, entre ellas la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor; Esther Ballestrini de Careaga y María Eugenia de Bianco.
Voceros judiciales indicaron que Astiz siguió los consejos de su abogado Juan Aberg Cobo, cotejó las actuaciones de la causa, negó los hechos y ofreció medidas de prueba, al tiempo que pidió más tiempo para elaborar su defensa.
Esta es la primera vez que el represor accede a la requisitoria del magistrado y del fiscal Eduardo Taiano, ya que hasta ahora, en todas las causas que tuvo en la justicia, siempre hizo uso de su derecho constitucional de negarse a declarar.
Tras comparecer en los Tribunales Federales de Comodoro Py 2002, Astiz fue trasladado nuevamente a su lugar de detención en la base naval de Zárate.
Astiz denunció hoy que Francia lo persigue, acusó a agentes encubiertos de ese país de la desaparición y homicidio de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y pidió a la justicia que se capture a un ciudadano de esa nacionalidad.
"No me extraña que Francia me persiga pretendiendo responsabilizarme,
echándome la culpa de todo lo acontecido y actuado por sus agentes
encubiertos", dijo Astiz en su declaración indagatoria a la que tuvo
acceso Infobae.com.
Astiz, representado por su abogado Juan María Aberg Cobo, pidió la captura del ciudadano frances René y/o Bertrand de Perseval o Parseval, quien es sindicado por María Monique Robin y María del Rosario Cerruti, como asistente al momento en que fueron detenidas las monjas.
Con respecto a las tareas de inteligencia efectuadas, Astiz dijo que va a solicitar autorización a la jefatura del Estado Mayor de la Armada para que lo releve del secreto sobre dichas tareas, o en su caso al Presidente.
"De toda la causa ESMA no hay un solo testigo presencial de los hechos que me haya imputado los delitos de desaparición forzada de personas y homicidio", dijo Astiz.
Al declarar, Astiz pidió su libertad y que se dicte el sobreseimiento definitivo ya que "no hay peligro de fuga y queda evidenciado que no he entorpecido nunca la investigación judicial".
Horacio Méndez Carreras, representante de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, aguardó en la antesala del despacho de Torres la declaración de Astiz, la que calificó de "sorpresiva" puesto que estuvo "30 años haciendo silencio".
Méndez Carrera -que oficia como querellante- detalló que el represor "sólo ofreció medidas de prueba de carácter técnico y pericial". "Son todas medidas dilatorias, ya que está comprobado que los cuerpos de la mujeres fueron arrojados en los conocidos vuelos de la muerte.
Esto que pide Astiz no tiene que ver con el fondo de la causa", explicó el funcionario de la Cancillería. En declaraciones a la prensa formuladas en la puerta de los Tribunales, Méndez Carrera remarcó que "hay un cambio de estrategia de los imputados" en la causa, y que la mayoría sostiene "un discurso de fuerte contenido político, en el que hablan de la continuación de la guerra contra la subversión".
Para mañana a las 8:30 está previsto que el ex prefecto Héctor Febrés se presente ante el juez Torres para ampliar su declaración indagatoria en la misma causa.
La semana pasada, ya habían cumplido con el trámite los marinos Jorge "Tigre" Acosta y Antonio Pernías. Acosta declaró el miércoles último y revisó los 55 cuerpos de expediente que ya acumulan los sucesos ocurridos en la iglesia de la Santa Cruz en la dictadura, mientras que Pernías se presentó el jueves, solicitó nuevas medidas de prueba y que no se cierre la instrucción de la causa, al tiempo que volvió a rechazar los cargos en su contra.
De esta manera, el juez profundiza en la investigación por la desaparición de las monjas francesas y otras diez víctimas que frecuentaban la iglesia de la Santa Cruz.
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