También colaboró para agilizar los trámites de nacionalización de otros dos ex etarras.
El canciller Nicolás Maduro dijo hoy que el acuerdo que indemnizaba a los ex etarras fue desconocido en "todas sus partes" por el gobierno venezolano debido a que "no fue consultado en su oportunidad cuando se firmó en el mes de junio" al ministro de Relaciones Exteriores.
Señaló que la decisión ya fue notificada al gobierno de España y a la Corte Interamericana. Dijo que el representante de Venezuela ante la Corte Interamericana, a quien no identificó, "fue removido de su cargo" por ese caso, y otros hechos en los que "se determinó que nunca consultó a su instancia jerárquica superior, que es el ministro".
Maduro informó que el abogado y miembro de la organización de derechos humanos Provea, Marino Alvarado, presentó una acusación contra el Estado venezolano por "haber violado supuestamente los derechos humanos por haber extraditado" a los ex etarras a España.
Atribuyó a "algún sector de la derecha falangista española" la difusión que hizo a comienzos de mes la prensa española de las supuestas indemnizaciones y el otorgamiento de nacionalidades a los ex etarras.
Sostuvo que ese caso fue una "emboscada" que montó la derecha española para "tratar de perjudicar las relaciones entre el gobierno de España y el gobierno de Venezuela".
"Con España tenemos unas relaciones directas de comunicación", agregó. De acuerdo a las cifras de las autoridades a Venezuela llegaron unos 30 vascos en calidad de refugiados bajos los gobiernos de los presidentes socialdemócratas Jaime Lusinchi (1984-1989) y Carlos Andrés Pérez (1974 -1979 y 1989 -1993).
Los ex miembros del ETA arribaron al país como parte de un acuerdo que realizaron los gobiernos de Venezuela, España y Francia.