La supuesta candidatura de Douglas Lyall para la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal fue señalada como una ?operación? para instalar al postulante de un sector de la política judicial. La versión sobre sus posibilidades fue adjudicada a allegados a Sergio Dugo, uno de los miembros del tribunal que deberá tomar la decisión, si bien en sus cercanías niegan haber tenido relación con la difusión de esa iniciativa.
Varios integrantes del Consejo de la Magistratura desmienten que el ex titular de la ANSES tenga más posibilidades que los demás candidatos, ?especialmente porque de su gestión quedaron algunas marcas complicadas, como causas judiciales, lo cual lo pone en una clara desventaja?. Los mismos consejeros dejaron claro que ?ni siquiera se han tomado los exámenes?, a lo que agregaron que ?detrás de esto hay una operación que intenta desarticular todas las objeciones que Lyall va a encontrar por el lastre de su gestión durante el gobierno de De la Rúa?.
Los exámenes para ese concurso, el 111, serán tomados el 5 de noviembre próximo y apuntan a elevar al Poder Ejecutivo una terna para un cargo vacante en la Cámara Contencioso Administrativo Federal. El jurado que determinará los ganadores está compuesto por Dugo, de la Asociación de Magistrados de La Plata, Juan Gauna (Colegio de Abogados de la Capital Federal) y José Bocchiardo (Universidad de Córdoba) como titulares, y Luis Miret (Asociación de Magistrados de Mendoza), Osvaldo Zampini (Colegio de Abogados porteño) y José Travieso (UBA), suplentes.
?Lyall ni siquiera tiene los mejores antecedentes y además todavía faltan los exámenes y las entrevistas personales. Todos estos pasos llevan una calificación que luego se promedia para alcanzar una nota final. Las tres mejores integran la terna, por lo cual está claro que este muchacho no está en los planes de nadie?, explican.
Los problemas de Lyall estarían relacionados con el pago de beneficios previsionales, abonados a costa de dejar de asistir con el seguro de desempleo a miles de desocupados durante la gestión de la Alianza de la que fue parte hasta el 6 se diciembre de 2001. La suma de esos beneficios incumplidos alcanzaría unos 19 millones de pesos, según admitió el propio Lyall al abandonar su gestión.