Agrupaciones de piqueteros se concentran frente a los tribunales del barrio porteño de Retiro, en espera de la sentencia contra cuatro militantes de la agrupación Quebracho por "incitación a la violencia" colectiva, sometidos en las últimas semanas a juicio oral y público.
La concentración se realizaba en medio de algunos incidentes provocados por la determinación de los agentes de la Policía Federal de revisar la tenencia de armas a los piqueteros antes de permitirles su ingreso a las calles que circundan el edificio.
La manifestación responde también a un plan de lucha lanzado la semana pasada por el Bloque Nacional Piquetero. Los piqueteros aguardaban el fallo que la Justicia deberá brindar sobre Leonardo Del Grosso, Guillermo Caviasca y Carlos Franca, imputados de "instigación pública a cometer delito", y Carlos Esteche, a quien se le endilga ese delito y "tenencia de armas de guerra".
El Tribunal Oral Federal número 4 citó para hoy a las 10 a las partes con el fin de darle a los imputados la posibilidad de pronunciar las últimas palabras antes de hacer público el veredicto, tras lo cual se declarará cerrado el debate.
En esa misma audiencia está previsto que los jueces le den vista al fiscal Alberto Huarte Petite para que alegue sobre un pedido de nulidad de la causa que la semana última formuló la defensa de los imputados.
Luego los jueces pasarán a un cuarto intermedio hasta la tarde, ya que está previsto que el veredicto sea leído entre "las 16 y las 18".
La semana pasada el Tribunal escuchó los alegatos de la defensa y la Fiscalía, que solicitó la pena de tres años de prisión en suspenso para Carlos Caviasca, Carlos Franca y Leonardo del Grosso, por el delito de "incitación a la violencia".
Cargos
A Fernando Esteche, en tanto, además de incitación a la violencia, le imputó el delito de "tenencia de armas de guerra".
El fiscal acusó a Esteche de haber incitado a la violencia en la marcha de jubilados número 100 del 2 de marzo de 1994 y en la protesta estudiantil del 7 de junio de 1995 en la que reclamaron en el Congreso por la sanción de la Ley de Educación Superior.
A Caviasca, por su parte, le imputó haber participado de la marcha estudiantil, mientras que a Franca y Del Grosso los relacionó con la manifestación de los jubilados.
En ambas protestas se produjeron desmanes y enfrentamientos con la Policía, que debió recurrir a los gases lacrimógenos para dispersar a los militantes que los atacaban con piedras.
Según explicó el fiscal, la incitación a la violencia se produjo porque los acusados "derribaron vallas, lanzaron piedras y palos contra policías e incendiaron paradas de colectivo".
"Se generó caos y descontrol y que terceros indeterminados generaran episodios de violencia", indicó Huarte Petite, y agregó que esa conducta provocó "intranquilidad y desasosiego" en los ciudadanos.
El fiscal aclaró que antes de los desmanes "no existió agresión ilegítima previa de la Policía" y relató que la prueba de cargo contra los imputados consistía en fotos de diarios y videos que fueron aportados por el Ministerio del Interior.
A su turno, la defensa encabezada por los abogados Gabriel Lerner, Liliana Macea y Eduardo Soarez pidió la nulidad de la causa y la absolución de los imputados.