Dina Boluarte: PJ niega adelantar audiencia que verá la anulación de denuncia constitucional por muertes en protestas

La Segunda Sala Constitucional de Lima del Poder Judicial declaró “improcedente” el pedido de Dina Boluarte para adelantar la audiencia en la que se verá la anulación de la denuncia constitucional que la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó en su contra el 27 de noviembre del 2023, tras el escándalo de la operación Valkiria. En esta denuncia, se acusa a Boluarte de la muerte y agresión contra 6 ciudadanos durante el periodo de conflicto social acaecido en el 2022 tras su ascenso al Gobierno.

A finales del año 2023, en medio del escándalo en la Fiscalía de la Nación tras la revelación de una presunta organización criminal en la cúpula más alta de la institución; la ahora suspendida Patricia Benavides sorprendió a la ciudadanía que la cuestionaba con una denuncia constitucional contra Dina Boluarte presentada ante el Congreso de la República. Lejos de explicar su situación, Benavides prefirió dar paso a un proceso de acusación constitucional contra la mandataria; en una movida que impulsó a la defensa de Boluarte a buscar anular esta denuncia mediante una acción de amparo ante el Poder Judicial.

Este pedido fue recibido por la Segunda Sala Constitucional de Lima, que en esta audiencia revisará si se anula o no la denuncia constitucional presentada por Patricia Benavides, en la que se le imputa como presunta autora de comisión por omisión de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves.

El anuncio de la acción de amparo fue presentado el pasado 25 de enero; y para el 27 de marzo, el juez Jhonathan Valencia López ya había resuelto declarar la demanda como infundada, hecho que fue apelado por la presidenta Dina Boluarte. Esta apelación fue fijada para el 9 de julio del 2024 a partir de las 10:00 a.m.

Ante la lejanía de la fecha, la defensa de Boluarte solicitó que se reprograme la audiencia, alegando que existía “la imperiosa necesidad de resolver este problema de índole constitucional en su dimensión tanto jurídica como política”. Bajo esta idea, la defensa de la mandataria aseveraba que el planteamiento de una denuncia constitucional debilitaba su situación política y constitucional, por lo que lo mejor era que la fecha sea agendada más pronto.

No obstante, en la resolución del juez Jhonatan Valencia, a la que RPP tuvo acceso, el magistrado detalla una serie de hechos por los que su decisión ante el pedido de Dina Boluarte es “improcedente”.

Entre las solicitudes, el juez Valencia precisa que, si bien Boluarte alega que existe una “imperiosa necesidad de resolver el problema”, en dicha “Sala Constitucional casi todos los procesos constitucionales son urgentes y excepcionales”; pues quienes demandan son personas mayores y con atención preferente; o se encuentran discapacitados o en estado vulnerable. Básicamente, le recuerda a Boluarte que, pese a su cargo, debe entender que la prioridad la tienen las personas vulnerables cuyos casos llevan más tiempo en espera.

Asimismo, lejos de la urgencia de atender a quienes se encuentran a la espera de una resolución, el colegiado de la Segunda Sala Constitucional de Lima le recordó que “las fechas fijadas por esta Sala se efectúa en atención al orden de ingreso diario de los expedientes de esta instancia; procediéndose con programar no solo audiencias únicas, sino también vistas de la causa en atención a la carga que ingresa”.

“El cuaderno diario se encuentra totalmente completo en los meses anteriores e incluso ya se encuentra señalando fechas para agosto de 2024, por lo que el pedido debe ser desestimado, puesto que todos los demás que se ven en esta Sala son de índole constitucional que requieren tutela urgente. (...) En tal sentido, se declara improcedente lo solicitado por la demandante y prosiga la causa conforme a su estado”, se detalla en dicha resolución.