Causa La Salada: la Justicia negó la excarcelación de Enrique Antequera y del resto de los detenidos

Enrique "Quique" Antequera, el "otro Rey de La Salada", seguirá preso. A una semana de su detención, la Justicia denegó la excarcelación del dueño de la feria Urkupiña y del resto de los detenidos en el marco de la causa "La Salada".

Además de Antequera, quien administraba el predio de más de 15 mil puestos, el Juzgado de Garantías N° 8 de Lomas de Zamora, a cargo de Gabriel Vitale, también negó la libertad a sus socios comerciales y políticos, Roberto Ríos y Edwin Saravia Rodríguez, a los barras de Boca de "La Doce", Marcelo Aravena, Ruperto "Toro" Barraza y Santiago Vélez Robles; a los ex policías Nelson Dávalos y su hijo Luis; y a los dueños de la agencia de seguridad que controlaba Antequera, Néstor López, Diego Barreda, Héctor Agüero y Santiago García.

Todos los detenidos están imputados por los delitos de asociación ilícita (con una recaudación diaria de alrededor de $600 mil), coacciones agravadas, extorsión y privación ilegal de la libertad. El juez Vitale tuvo en cuenta esta situación para denegar los pedidos de las defensas, ya que son considerados delitos graves, con penas que podrían llegar hasta los 20 años de prisión. "Los fundamentos para negar la excarcelación son las características de los hechos. La multiplicidad de situaciones y víctimas, la organización criminal. Se evaluó todo eso", comentó a Infobae una fuente judicial.

Durante los últimos días, desde el juzgado a cargo de Vitale estudiaron los antecedentes de todos los detenidos. "Enrique Antequera tuvo causas por lesiones agravadas, amenazas y coacciones con armas, entre otras", reveló uno de los investigadores.

El ex policía Diego Barreda fue procesado en su momento en las causas que investigaron la voladura de la AMIA y también por el delito de secuestro extorsivo. Es defendido por el también ex policía Juan José Ribelli, quien estuvo preso casi 10 años por la causa AMIA, sospechado de ser el enlace clave de la conexión local para llevar a cabo el atentado. "Y en el prontuario del barra Marcelo Aravena hay una condena a 20 años de prisión por el delito de homicidio reiterado en grado de tentativa en 12 oportunidades; tenía pedido de captura al momento de la detención", explicaron a Infobae.

El fiscal Sebastián Scalera, que sigue la causa La Salada (y que ya había detenido a Jorge Castillo semanas atrás) investiga a Antequera y el resto de los presos por delitos de todo tipo: desde homicidios hasta privación ilegal de la libertad. Pero el capítulo del expediente que más llama la atención es el que refiere al "ejército" paralelo que el dueño de la feria Urkupiña habría formado con barras de Boca para controlar la "seguridad" en el predio. Según se desprende de la investigación, cobraban "peajes" a ladrones y mecheras para robar con permiso entre los puestos.

De acuerdo con la investigación del fiscal, Antequera había armado una empresa de seguridad privada que obedecía pura y exclusivamente a él y que funcionaba bajo un plan delictivo. En la causa figuran casos en los que se da cuenta de la privación de la libertad contra "mecheras" y "pungas" de distintos sexos y edades. "Las retenían en las instalaciones de Urkupiña en contra de sus voluntades, les ponían precintos en su brazos y las obligaban a soportar golpes de cualquier tipo, hasta que las liberaban", explicó una importante fuente judicial a este medio, quien además remarcó que esta empresa cobraba "peajes" a este tipo de ladrones a cambio de los cuales los habilitaban a robar.

"La empresa de seguridad que comandaba Antequera no solo se encargaba de mantener el orden contra los robos a través de fuerzas de choque, sino también autorizaba a personas, previos pagos, a realizar los robos", agregó la fuente.

El segundo en la línea de mando de la empresa delictiva sería el barra Aravena. El ejército de Antequera está acusado por Scalera de apropiarse, mediante el apriete y el uso de armas, de espacios en las calles de alrededor de la feria e instalar puestos clandestinos en el espacio público. Según la investigación, la organización alquilaba estos puestos ilegales a cambio de entre $300 y $800 por día, sin contar el cobro por limpieza y seguridad. Además, recaudaban por el estacionamiento en los alrededores, que era manejado por barras de Boca del grupo de Lomas de Zamora.

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